La jefa de la fracción de Un Nuevo Tiempo del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, diputada Clara Mirabal, expresó su rotundo rechazo a la resolución 0086120 del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015, que dicta las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en funciones de control del orden público.
En este sentido, Mirabal reiteró que la protesta pacífica es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carta Democrática y demás tratados de carácter internacional, tras considerar que este tipo de manifestaciones es la única forma del pueblo expresar su descontento ante cualquier situación en que están desacuerdo.
“Es inaceptable que a través de esta resolución el Gobierno Nacional autorice a los efectivos militares utilizar armas de fuego contra los manifestantes en determinadas circunstancias, las cuales estarán determinadas y definidas por la decisión del funcionario involucrado, lo que a mi juicio no tiene ningún tipo de parámetro razonable y mucho menos constitucional”, dijo.
En este sentido, la dirigente de UNT catalogó el texto legal como una aberración a la cual toda la población debe oponerse y reclamar para que se elimine, pues el artículo 68 de la Carta Magna establece que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Indicó que el artículo 29 de la Constitución establece además que los delitos y violaciones contra los Derechos Humanos no prescriben y todas estas arbitrariedades ser suman para futuros procesos judiciales contra quienes han cometido las violaciones.
De igual manera, la parlamentaria mirandina afirmó que “no conformes con los 43 asesinatos del año 2014 y las múltiples violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las protestas, producto del abuso en la aplicación de la fuerza militar y policial en contra de personas desarmadas, el Gobierno lanza una nueva medida que ahora no solo se limitan a repeler las protestas con bombas lacrimógenas, perdigones y golpes, sino que ahora pueden matar a quienes se atreven a levantar su voz en contra de lo que sucede en nuestro país”.