En julio pasado, el departamento de Estado de EE. UU. impuso restricciones de visado a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.
El Departamento de Estado norteamericano anunció sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano considerados por Washington como «responsables de violaciones contra los derechos humanos en Venezuela”. El primer mandatario nacional solicitó al TSJ una interpretación sobre la ley aprobada por el Congreso estadounidense
Estados Unidos dio a conocer este lunes la medida contra funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano por considerarlos «responsables o cómplices» de violaciones contra los derechos humanos, así como a otras personas «consideradas responsables de actos de corrupción pública», según el Departamento de Estado.
La portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Jen Psaki, detalló en un comunicado las nuevas medidas, que se traducirán en restricciones de visas para los afectados, sin detallar las identidades ni la cifra de sancionados, reseñó la agencia española de noticias EFE.
Al conocer la decisión de Washington, el presidente de la República, Nicolás Maduro propuso al Tribunal Supremo de Justicia, debatir sobre las leyes que promueven nuevamente sancionar a funcionarios venezolanos, preguntándose si “¿tiene jurisdicción en Venezuela para dictar leyes el Congreso de los Estados Unidos?, es importante, porque hay quienes dicen que sí”, señaló en su discurso en el inicio del Año Judicial 2015 en la sede del TSJ.
El anuncio llegó poco después de que Washington tachara este lunes también de «infundadas y falsas» las acusaciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, de estar detrás de un plan para provocar la caída de su Gobierno. Las restricciones de visado afectarán a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano «que se cree que son responsables o cómplices de abusos contra los derechos humanos», así como a otras personas «consideradas responsables de actos de corrupción pública», según el Departamento de Estado. También afectarán a miembros de la familia inmediata de los sancionados, cuyas identidades no serán reveladas públicamente en cumplimiento de las leyes de confidencialidad sobre visas que rigen en EE. UU.
«Ignorando las reiteradas peticiones de cambio hechas por gobiernos, respetados líderes y grupos de expertos, el Gobierno venezolano ha seguido demostrando una falta de respeto hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales», sostuvo el Departamento de Estado. En julio pasado, EE. UU. ya impuso restricciones de visado a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores a Maduro. Además, en diciembre pasado, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso con sanciones contra funcionarios venezolanos considerados responsables de violaciones de derechos humanos en ese país. Esas sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios del Gobierno venezolano vinculados con la violencia y la represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero de 2014, que terminaron con un saldo oficial de 43 muertos y cientos de heridos.
