La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció que designará a un abogado para defenderse de las sanciones que Estados Unidos le impuso por ser una supuesta cómplice de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
«Ya estoy designando un abogado para que ejerza mi defensa, porque si algo sé es defenderme y lo voy hacer», indicó Díaz.
El senador republicano Marco Rubio facilitó en mayo de 2014 una primera lista de nombres propuestos para ser sancionados por EE.UU. por estar presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores durante las movilizaciones de principios de febrero y que dejaron un saldo oficial de 43 muertos, y en la que figuraba la Fiscal.
La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU, Jen Psaki, detalló en un comunicado el pasado lunes nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, que se traducirán en restricciones de visas para los afectados, aunque no detalló ni las identidades ni la cifra de sancionados de esta lista en la que Ortega Díaz asegura estar incluida.
«Ni voy a ir a EE.UU., no voy a requerir visa, ni tengo bienes en EE.UU., el tema es las causas por las cuales se me está sancionando, supuestamente por violación de los derechos humanos», expresó la Fiscal.
Según Ortega, el Gobierno de EE.UU. «busca desestabilizar» al Estado venezolano y «a todas sus instituciones» con estas sanciones.
«Queda claro el objetivo de influir en la política interna venezolana, esta es una posición injerencista», apuntó la Fiscal.
El Gobierno rechazó estas últimas sanciones impuestas por la administración de EE.UU contra funcionarios de su país y advirtió de que Venezuela se reservará «todas las acciones necesarias» para defender su soberanía.
En julio pasado, EE.UU. ya impuso restricciones de visado a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores a Maduro.
Además, en diciembre pasado el presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso que incluye la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios venezolanos vinculados, según Washington, con la violencia y la represión de las protestas de febrero de 2014, que terminaron con un saldo oficial de 43 muertos y cientos de heridos.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que se mantienen a nivel de encargados de negocios, han sido complicadas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, antecesor de Maduro. EFE
