En una fría y húmeda celda de dos metros de largo por dos metros ancho, cerrada con una portentosa puerta de acero que sólo permite visualizar el exterior a través de una pequeña rendija a la altura de los ojos, el dirigente opositor Leopoldo López cumplirá este miércoles el primer año de reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde.
La detención del líder opositor ha desatado numerosas reacciones de organismos internacionales, grupos humanitarios y de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia que han abogado por su liberación por considerarlo un preso político, mientras el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el arresto de López, al que llama el «monstruo de Ramo Verde», es una acción apegada a la justicia por considerarlo responsable de la muerte de 43 personas y las lesiones de 878 ocurridas en las protestas del año pasado.
Su detención, hace un año, fue tal vez el momento más cinematográfico de la oposición: el líder fue filmado y fotografiado mientras le daba un beso de despedida a su mujer antes de ser arrestado en medio de una multitud de seguidores. En abril del año pasado, la Fiscalía General lo acusó de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
Las protestas decayeron meses después de que López fuera llevado a la cárcel pero la ironía, para muchos, es que las cosas en Venezuela han empeorado desde entonces por los severos problemas de desabastecimiento y una recesión que amenaza con agudizarse por la caída de los precios del petróleo; principal fuente de ingresos del país suramericano.
La emoción y energía de los opositores se han ido desvaneciendo mientras la gente se centra en preocupaciones más apremiantes como encontrar alimentos y productos básicos, y blindar sus ahorros ante la amenaza de una desbordada inflación del 68%.
La crisis no sólo afecta al gobierno. La alianza opositora, agobiada por marcadas discrepancias entre sus miembros, también enfrenta una crisis interna que le ha impedido capitalizar el creciente malestar que hay entre los venezolanos por la situación económica, la pérdida de popularidad que enfrenta Maduro que, para finales del año contaba con un respaldo popular del 22%, y el descontento generado por la detención de López.
La oposición ha tratado de impulsar su movimiento capitalizando la frustración de la gente pero las manifestaciones han sido pequeñas y esporádicas y se disipan al caer la noche. La gente ahora prefiere quedarse en casa por el miedo generado por la represión desatada durante las protestas del año pasado, el temor que infunden los llamados colectivos, que operan en barrios pobres, y la resignación al estado general de las cosas en Venezuela por los escasos resultados que tuvieron las marchas.
El dirigente opositor, de 43 años, pasó casi doce meses recluido en una celda con unas dimensiones de más del doble de la que tiene actualmente. La madrugada del 13 de febrero fue trasladado en castigo a otro calabozo más pequeño del segundo piso del anexo B del penal tras una requisa que hicieron en su celda más de dos docenas de hombres armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas, pertenecientes al servicio de contrainteligencia militar, según el abogado del opositor, Juan Carlos Gutiérrez, que lo visitó el pasado fin de semana en el penal.
A López le incautaron un ipod y un teléfono celular, prohibido en las prisiones, y se presume que esa es la razón del castigo que implicó, además, la suspensión de las visitas de sus familiares por varias semanas. Ramo Verde, no obstante, es la excepción de un sistema carcelario de más de una veintena de penales donde existen problemas de corrupción, tráfico de drogas y armas, y graves dificultades derivadas por un desbordado hacinamiento, lo que hace de esta cárcel militar una de las más privilegiadas del país por su limitada población.
La situación del líder opositor, tras la requisa y el traslado a otra celda más pequeña, fue constatada el pasado viernes por la consultora jurídica de la Defensoría del Pueblo, según confirmó a la AP un vocero de prensa de esa dependencia.
En la antigua celda de López quedaron decenas de papeles, fotografías familiares, dibujos infantiles e imágenes religiosas regadas en el piso de baldosas color beige claro, 80 libros, y unos afiches quemados y destruidos del ex presidente surafricano Nelson Mandela, los estadounidenses Martin Luther King, el ex boxeador Muhammad Ali, el líder indio Mahatma Gandhi, el papa Francisco y el político venezolano Rómulo Betancourt, que decoraban la parte interior de la puerta de acero, abierta con un soplete durante la requisa, según el abogado Gutiérrez.
«Yo nunca había tenido la oportunidad de conocer el infierno, y lo conocí», dijo Salvatore Lucchese, un ex jefe policial de 48 años, al resumir los diez meses y medio que pasó en una celda vecina a la López en el piso dos del anexo B de la vieja cárcel de Ramo Verde, penal que está enclavado en medio de una húmeda y remota zona montañosa, a unos 30 kilómetros al suroeste de Caracas.
Lucchese salió el pasado cuatro de febrero de la cárcel militar junto con el ex alcalde opositor Enzo Scarano, después de cumplir la totalidad de la condena que les impuso el Tribunal Supremo de Justicia por desacato a una medida judicial que ordenó el levantamiento de unas barricadas en una protesta en el municipio central de San Diego, próximo a la ciudad de Valencia.
De los meses en prisión, Lucchese asegura tener siempre presente la madrugada del 20 de marzo cuando lo trasladaron a Ramo Verde y fue encerrado en una oscura y sucia celda que, según él, estaba repleta de cucarachas y ratas, y donde sólo había una colchoneta infestada también de cucarachas.
Lucchese dijo a The Associated Press que por tres meses y medio él, al igual que López y el resto de sus compañeros del anexo B, los ex alcaldes opositores del municipio central de San Diego, Enzo Scarano y de la ciudad del suroccidente de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fueron aislados en sus celdas de la que sólo eran sacados por separado una hora al día para recibir el sol.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz negó en julio pasado que López estuviera aislado y dijo que se les permitía asistir a misa junto con un grupo de presos. «Todos los centros de reclusión tienen un reglamento, las visitas no pueden ser todos los días, tiene que haber un orden para recibirlas porque las personas privadas de su libertad tienen restringida su libertad y las visitan se realizan cuando el centro lo dispone», dijo.
A mediados de 2014, según Lucchese, la medida de aislamiento fue levantada y se le permitió a los cuatro detenidos salir de sus celdas e interactuar entre ellos, cocinar juntos, hacer actividades deportivas en una maltrecha cancha de baloncesto, y acudir los miércoles a la misa que se ofrecía en la pequeña capilla del segundo piso del edificio central del penal, donde están la mayor parte de los reclusos.
Lucchese dijo que fue castigado junto con López, Ceballos y Scarano tras las requisas o una protesta pacífica, y que no se les permitió ir a la misa semanal. El capellán del penal, José Antonio Da Conceicao, dice que en dos oportunidades les dio la comunión en la puerta de sus celdas. Al sacerdote luego le impidieron el acceso al anexo B.
«Parte de nuestra misión es sembrar la palabra de Dios», dijo Da Conceicao.
El proceso judicial contra López se espera que sea retomado este miércoles. En los casi siete meses de juicio, el Ministerio Público ha presentado los testimonios de 38 testigos pero faltan otros 52 por declarar, además de otras centenares de pruebas que incluyen fotografías, teléfonos móviles que fueron incautados a varios detenidos y un estudio de discursos del opositor.
La jueza que lleva el caso, Susana Barreiros, le ha negado a la defensa de López la presentación de pruebas.
De ser declarado culpable López podría enfrentar una condena de 13 años y nueve meses de prisión. AP
