«En ningún caso se le han violado las normativas constitucionales al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, con su detención preventiva en horas de la noche de este jueves y menos ha sido objeto de violación de una presunta inmunidad que no posee», recalcó el abogado constitucionalista Jesús Silva, este viernes, en entrevista en el programa El Desayuno, de Venezolana de Televisión.
Explicó que la inmunidad es una figura que no aplica para los alcaldes sino para el presidente de la República, y funcionarios que encabezan el Poder Público Nacional – Defensor del Pueblo, Fiscal General, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia así como altos oficiales militares, gobernadores y parlamentarios.
Silva explicó que Ledezma será presentado en un lapso de 48 horas, como lo manda la Constitución, frente ante un tribunal de control de la justicia penal para que se le impongan los cargos por los cuales se le está atribuyendo responsabilidad penal y él tenga la oportunidad de defenderse.
Ledezma fue detenido en horas de la noche de este jueves por orden del Ministerio Público y será procesado por delitos cometidos contra la Constitución y la paz del país.
Exmilitante de Acción Democrática, Ledezma firmó junto con María Machado y Leopoldo López (promotores del plan insurreccional conocido como La Salida) el llamado «Acuerdo nacional para la transición», publicado el pasado 11 de febrero pasado, documento que sería el punto de partida para el desarrollo de un plan golpista desmontado la semana pasada por las autoridades venezolanas.
Dicho plan contemplaba el uso de un avión Tucano, traído del extranjero, para atacar instituciones del Estado ubicadas en zonas donde también convergen áreas residenciales, como el Palacio de Miraflores, el Ministerio de la Defensa y la sede de Telesur, en Caracas.
Al referirse a la situación jurídica del caso, Jesús Silva refirió que tras la investigación ejecutada por el Ministerio Público y la recopilación de indicios de una presunta participación del alcalde en actos preparatorios para un golpe de Estado, «se hace una solicitud al Poder Judicial que emite una orden de aprehensión basándose en los elementos recopilados en la investigación fiscal y por considerar que hay presuntos elementos de convicción e indicios probatorios que arrojan un grado de responsabilidad de Ledezma en actos subversivos tendientes a crear de alguna forma inestabilidad en el país».
Silva subrayó que la doctrina constitucional en Venezuela a partir de 1999 garantiza los derechos humanos, y dentro de este contexto, «sea culpable o inocente, Ledezma tiene garantizado el derecho a que se le respete su integridad personal su derecho a la vida y todo lo que la Constitución vigente le atribuye».
Recordó que la justicia no garantizaba a sus ciudadanos el disfrute de sus derechos durante los gobiernos de la IV República, cuando el país estaba regido por la Constitución promulgada en 1961 «y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos operaron con el consentimiento del Estado venezolano».
Recordó que durante esa época, Antonio Ledezma fue gobernador de Caracas «partícipe y colaborador de violaciones a derechos humanos contra estudiantes, civiles indefensos».
Silva no descartó la posibilidad que incluso se puedan de alguna forma retomar esos casos del pasado en los que Ledezma también pudiera tener alguna responsabilidad.
