La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público imputó al efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Javier Mora Ortiz (23), por su presunta vinculación con la muerte de un adolescente de 14 años de edad, hecho ocurrido este martes 24 de febrero en el sector Barrio Obrero de San Cristóbal, estado Táchira, donde se escenificaron manifestaciones desde tempranas horas de la mañana.
Así lo dio a conocer en el segmento de entrevistas del Noticiero Venevisión, donde agregó que los fiscales 85° nacional en materia de Protección de Derechos Fundamentales y 79° nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Harvey Gutiérrez y Dilcio Cordero, respectivamente, imputaron al policía por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles con un agravante previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.
La audiencia de presentación se llevó a cabo ante el Tribunal 4° de Control, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de libertad contra Mora Ortiz, quien permanecerá detenido en el Centro Penitenciario de Occidente.
En el mismo segmento, Ortega Díaz lamentó la muerte del adolescente e hizo llegar sus palabras de condolencia y solidaridad a la familia del joven.
Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la tolerancia y a la sindéresis ante los hechos de violencia que se han registrado durante la última semana en el estado Táchira.
“Hago un llamado a todo el pueblo venezolano y a los cuerpos policiales a actuar moderadamente, con control y evitar las acciones de violencia, recordemos que el año pasado se desató en el país una ola de violencia con las llamadas guarimbas, que dejaron como resultado 43 venezolanos muertos, entre ellos, un fiscal del Ministerio Público”, puntualizó la Fiscal General.
Tras ser consultada sobre el uso de armas por parte de cuerpos de seguridad durante las manifestaciones, recordó que el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe su utilización para controlar este tipo de situaciones.
Adicionalmente, precisó que por las manifestaciones ocurridas durante las últimas horas en Táchira, hay nueve personas detenidas, las cuales serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales respectivos.
En el caso de los cinco jóvenes que han muerto desde el viernes 20 de febrero hasta la fecha, Ortega Díaz explicó que los fiscales, desde el mismo momento en que se produce el fallecimiento de una persona por causas violentas, inician una investigación.
Rogatoria a banco suizo
En relación con las denuncias que señalan a algunas personas con depósitos en dólares en una filial del banco suizo HSBC, la Fiscal General indicó que el Ministerio Público envió una rogatoria a esa entidad financiera para que informe qué funcionarios públicos venezolanos poseen cuentas en dicha institución.
Por otro lado, al preguntársele sobre si está previsto que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión contra la exdiputada María Corina Machado por la investigación que se le sigue, dijo que pareciera que “hay personas que andan desesperadas porque las detengan, para luego, defenderse a través de los medios de comunicación”.
“Yo hago un llamado a todos los venezolanos a la ponderación y la sindéresis, para que no asuman posiciones como éstas, que persiguen crear angustias”, agregó.
Ante esta situación, la máxima autoridad del Ministerio Público advirtió que las defensas se deben realizar ante un tribunal y no mediáticamente, porque, a su juicio, ello genera expectativas negativas que van en detrimento de la paz.
Reiteró que actualmente hay voceros políticos que hacen cruzadas a nivel internacional y la defensa ya no la hacen ante los tribunales o el Ministerio Público, como es el deber ser.
“Ahora las defensas de las personas que son imputadas por cometer un delito, cuando el Estado venezolano ejerce el poder punitivo, se hacen internacionalmente. Es decir, que Venezuela no podrá intentar ni ejercer una acción penal en el marco de su soberanía, porque entonces hay una campaña internacional para atacar a las instituciones y el sistema de justicia del país”, señaló Ortega Díaz.
Respecto a la versión de que existe un sitio localizado en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el cual algunos sectores han denominado como “la tumba”, Ortega Díaz calificó el término como una exageración con tintes políticos que tiene la intención causar horror y estupor.
Acotó que envió un director del Ministerio Público para evaluar esa situación y sugirió que para despejar cualquier duda se podría invitar a los periodistas para que constaten in situ la veracidad de lo que se dice.
“Si ese fuese el caso del Ministerio Público, yo inmediatamente invitaría a los periodistas para que constaten esas informaciones, para que vean la transparencia”, finalizó la Fiscal General.
