Tarek William Saab, exhortó al Ministerio Público a solicitar la severa sentencia contra el funcionario de la PNB, Javier Mora, acusado de asesinar al estudiante Kluiverth Roa, de 14 años, durante una manifestación el pasado martes en el estado Táchira
Este miércoles el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, exhortó desde el estado Lara al Ministerio Público a que solicite la sentencia de pena máxima -por conducta criminal- contra el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) señalado de haber cometido el homicidio de Kluiverth Roa Núñez, de 14 años, durante una manifestación el martes en San Cristóbal, estado Táchira.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció ayer que el efectivo policial fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
Aunque son profundas las diferencias entre los dirigentes del oficialismo y la oposición, estos coincidieron ayer al condenar el asesinato del estudiante. Ambas fuerzas políticas lamentaron el hecho y exigieron justicia.
El defensor del Pueblo, exhortó al Ministerio Público a solicitar ante el tribunal respectivo, la pena máxima por el delito de homicidio contra el funcionario de la PNB, de nombre Javier Mora (23) señalado de haber cometido el homicidio.
“La PNB lo entregó al Ministerio Público, este funcionario actuó de manera criminal esperamos que sea juzgado en el delito de homicidio en su máxima expresión para que se haga justicia”, detalló el funcionario.
Saab reconoció la labor del MP y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ente al que pertenece el funcionario Javier Mora Ortiz, señalado por el asesinato.
“En primer lugar, condenamos de forma contundente la acción impropia del funcionario; en segundo lugar, cualquier intento posterior de usar esta aciaga circunstancia para que se den manifestaciones violentas”, afirmó el funcionario.
Oficial imputado
Más temprano, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que el oficial de la PNB fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales.
La funcionaria detalló que para el caso fueron designados los fiscales Harvey Gutiérrez y Dilcio Cordero, por tratarse del fallecimiento de un adolescente de 14 años. Los testigos del asesinato serán entrevistados por los organismos correspondientes.
De acuerdo con Ortega Díaz, la muerte significa una tragedia para la familia del joven asesinado y para el mismo policía, de 23 años. En este sentido, hizo un llamado a “actuar moderadamente” y a evitar las acciones violencias.
Las condiciones en las que sucedió este hecho siguen siendo parte de esta investigación, agregó la máxima representante del Ministerio Público, quien además no descartó pronunciarse sobre la resolución 008610 que permite el uso de armas por parte de efectivos de seguridad en manifestaciones.
Sobre esta resolución, indicó que eso también forma parte de la investigación. Sin embargo, recordó lo que había dicho sobre el tema días atrás: el artículo 68 de la Constitución prohíbe el uso de armas durante las protestas. “Es más, hay todo un plan en el marco de la Ley Desarme que contempla el desarme de la población”, agregó.
«Este caso saldrá del país»
El padre del liceísta asesinado este martes, Erick Roa, dijo a la agencia The Associated Press que llevará el caso a instancias internacionales. Así –aseguró- garantizará descubrir a fondo lo que sucedió con su hijo.
“Detrás de ese policía que mató a mi hijo hay manos ocultas”, consideró Roa. El ciudadano también hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que frene la violencia en el país.
Este martes fue asesinado de un disparo en la cabeza el estudiante Kluibert Roa, de 14 años, en los alrededores de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), durante una manifestación en el sector Barrio Obrero, de San Cristóbal.
