El presidente Barack Obama ordenó este lunes que se implementen las sanciones aprobadas recientemente contra funcionarios venezolanos y declaró una situación de «emergencia nacional» por el «riesgo extraordinario» que supone la situación en ese país para la seguridad de EEUU.
«Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos», dijo en una declaración el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.
«Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del Gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre los adversarios políticos. Los problemas de Venezuela no pueden resolverse criminalizando a los disidentes», agregó.
La orden ejecutiva congela los bienes de siete altos funcionarios del gobierno de Venezuela y les prohibe su entrada a al país.
La Administración Obama tam bién expresó su preocupación por el tratamiento que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro da a sus oponentes políticos.
El pasado 10 de diciembre el Congreso estadounidense ya había aprobado sanciones a funcionarios venezolanos y Obama había ratificado esas medidas el 18 de diciembre, pero no ha sido hasta este lunes cuando la Casa Blanca identificó a los afectados por esas medidas.
El Presidente de EEUU impuso sanciones a los siguientes siete personas que figuran en el anexo de la EO:
- Antonio José Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y el ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB). Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra los manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.
- Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). González López es responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o de otra dirección, o que haya participado, directa o indirectamente, actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. Como Director General del SEBIN, que se asoció con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela.
Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel destacado en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar numerosas lesiones, el personal del SEBIN han cometido cientos de entradas forzadas y detenciones extrajudiciales en Venezuela. - Justo José Noguera Pietri: El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y el ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB). Noguera Pietri es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.
- Katherine Nayarith Haringhton Padron: fiscal a nivel nacional de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela Distrito 20a. Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos el ex legislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato / golpistas basa en poco plausible – y en algunos casos fabricados – información. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
- Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014 . Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional hizo uso de fuerza física severa contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo a disparar munición real.
- Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 Brigada Blindada del Ejército de Caracas Bolivariana de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN). Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas contra los manifestantes matando a dos personas cerca de la oficina del Procurador General.
- Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela Armada Nacional (FANB) y el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de bolivarianos Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Vivas Landino es responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o de otra dirección, o que haya participado, directa o indirectamente, actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014.
