La Federación de Psicólogos de Venezuela y la Red de Apoyo Psicológico de la Universidad Central de Venezuela advirtieron, a través de un comunicado conjunto, que la crisis económica, política y social que afronta el país puede generar riesgos psicosociales para la población.
Ambos grupos coincidieron en que la zozobra entre los venezolanos ha aumentado por la disminución del poder adquisitivo del salario, la inflación, el desabastecimiento, el tiempo dedicado a las colas, el deterioro del sistema de salud y la escasez de medicinas e insumos médicos, la polarización, el aumento de la criminalidad, la violencia, la corrupción y la impunidad, la censura, la delación, la persecución y la criminalización la protesta pacífica.
“Todo ello incide en la salud física y psicológica de los ciudadanos, generando angustia, miedo, ansiedad, depresión, indignación, enfermedades psicosomáticas, inseguridad ante el futuro, agresividad, desesperanza, apatía, repliegue individual y reducción de actividades en espacios compartidos. Estas son algunas de las expresiones individuales, familiares y colectivas de la población venezolana ante la incertidumbre y anomia generadas por una crisis socio-económica y política que sigue agravándose, en un ambiente de inestabilidad y conflictividad crecientes”, manifestaron los especialistas.
Agregaron que “la frecuencia e intensidad de estas emociones, está produciendo cambios en el comportamiento del venezolano, donde la integridad del otro o la propia, está siendo afectada”.
El gremio de psicólogos rechazó la autorización del uso de armas letales en el control de las protestas ciudadanas, luego de la entrada en vigencia de la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa. También criticaron las prácticas contrarias a la los derechos humanos y exhortaron a la Fiscalía General de la República a investigar las denuncias.
Se hicieron eco de las denuncias relacionadas con el empleo intencional y planificado de una “guerra psicológica” contra el gobierno y el pueblo venezolano; y por otra parte, de las acusaciones de torturas psicológicas a detenidos políticos denunciadas por sus familiares y diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Además, alertan por los trastornos de salud mental debido a la exposición prolongada a la polarización y la conflictividad sociopolítica y recomendaron a los dirigentes políticos evitar el lenguaje de guerra.
Por último, hicieron un llamado “a unir esfuerzos para encontrar, de forma pacífica, democrática y consensuada las respuestas y soluciones que nos conduzcan a retomar el camino de la paz y la convivencia en democracia”.
