Es imperioso resaltar que aparte de no cometer delitos estos presos políticos, están recluidos en un sitio inadecuado que viola todos los estándares internacionales, visitas con restricciones, sin la luz del día y presiones psicológicas para inducir temor; esta última fue la razón presumiblemente por el cual el piloto supuestamente se suicidó
Es sin duda el derecho más importante que debe garantizar el Estado, es su obligación, es el responsable por acción u omisión. Nos encontramos que olímpicamente se le quita la vida a ciudadanos con acciones directas a través de la criminalidad; es decir, por parte de delincuentes u acciones de los corruptos que están en el mismo rubro o sencillamente con manipulaciones, perversidades o guerra psicológica.
Sin entrar a emitir consideraciones o juicios de valores sobre sus procesos, estamos obligados a denunciar la forma indigna y cobarde de cómo fue tratado el piloto Rodolfo González de 64 años de edad, quien fue detenido el 26 de abril de 2014 y le fue impuesto un proceso de carácter penal.
Según detalla su defensor, presuntamente la representante del Ministerio Público, Fiscal 20 Nacional Katherine Harrington, le propuso que acusara al alcalde metropolitano Antonio Ledezma de un plan golpista a cambio de un beneficio procesal.
Recluido en el SEBIN del Helicoide, sitio donde se encuentran recluidos la mayoría de los jóvenes estudiantes detenidos, sencillamente por supuestamente violar otro derecho supra constitucional LA PROTESTA, derecho que tenemos desde que nacemos cuando lloramos porque la enfermera o el médico que nos recibe nos da la nalgada o antes de ello hacemos lo propio; es un privilegio de vivir.
Es imperioso resaltar que aparte de no cometer delitos estos presos políticos, están recluidos en un sitio inadecuado que viola todos los estándares internacionales, visitas con restricciones, sin la luz del día y presiones psicológicas para inducir temor; esta última fue la razón presumiblemente por el cual el piloto supuestamente se suicidó. Le señalaron que sería trasladado a una cárcel común, un hombre de bien, honorable, trabajador y con una bella familia.
En similares condiciones, guardando las distancias se encuentran dos ciudadanos Miguel Ángel Nieto, de aproximadamente 70 años de edad, diabético, hombre que vivía solo con su anciana madre y el coronel José Gámez, quien se encuentra parapléjico, dos infartos y sin el tratamiento correspondiente. Un régimen medianamente sensato, respetuoso de los derechos humanos hubiere hecho uso de más medidas humanitarias y otorgarles casa por cárcel, amén de que no es una dádiva, es un derecho constitucional.
Nuestra constitución garantiza en teoría el derecho a la vida, el Estado venezolano es el responsable de lo que les suceda a los ciudadanos, más aún a los privados de libertad en cárceles no aptas.
Ramón Flores
