Recientemente el expresidente español Felipe González manifestó su decisión de defender a Leopoldo López y a Antonio Ledezma.
López es procesado por la justicia venezolana por dirigir, junto a su socio Antonio Ledezma y María Machado, las acciones terroristas que dejaron 43 fallecidos en 2014; mientras que Ledezma fue imputado este viernes por incurrir presuntamente en los delitos de conspiración.
Tras el anuncio de González de defender a los opositores detenidos, José Manuel García-Margallo, ministro español de Asuntos Exteriores, saludó la decisión, lo que evidencia una vez más el respaldo de Madrid a acciones que atentan contra la estabilidad de Venezuela, tal como lo hizo en 2002 -durante el gobierno de Aznar- cuando se suscitó el golpe de Estado en contra del entonces presidente Hugo Chávez.
A continuación comunicado:
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela entregó en la presente fecha una nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, mediante la cual manifiesta su más profundo rechazo a las declaraciones injerencistas emitidas el día lunes 23 de marzo de los corrientes por el canciller español José Manuel García-Margallo, en las cuales «agradece» y «desea suerte» al ex Presidente del Gobierno español, Felipe González, por aceptar la defensa de los ciudadanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes son enjuiciados por delitos públicos que cobraron la vida de más de cuarenta venezolanos, produjeron cientos de heridos, destrozos de infraestructura y zozobra al pueblo venezolano, así como por el más reciente intento de golpe de Estado en contra el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.
La Cancillería venezolana transmitió a la cancillería española que con dichas declaraciones, el ministro García-Margallo tomaba parte a favor de dos de los principales promotores del intento del derrocamiento del Gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, emulando al ex presidente José María Aznar, quien fue el único mandatario europeo en reconocer al gobierno de facto de Carmona Estanga en abril de 2002.
El Gobierno venezolano reiteró que en el país no existen presos ni perseguidos políticos, sino ciudadanos que enfrentan un proceso judicial, por haber violado leyes de la República, independiente de la posición política o institucional que representen. Estos ciudadanos forman parte de grupos minoritarios de la oposición, acostumbrados a tomar el atajo de la violencia e irrespeto a las leyes nacionales, con evidente apoyo de gobiernos extranjeros.
Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores reafirmó el celo con el que el Gobierno venezolano observa la independencia e imparcialidad de los Poderes Públicos, así como su respeto a las investigaciones y procesos judiciales iniciados a ciudadanos por hechos violentos, conspiración o traición a la Patria, contexto en el que se inscriben las detenciones de Ledezma y López, las cuales fueron dictadas por los órganos competentes de justicia y de acuerdo a los procedimientos establecidos en la legislación venezolana, con pleno respeto de sus garantías constitucionales, de sus derechos humanos y apegados al debido proceso.
El Gobierno venezolano preguntó en la nota, si el señor Felipe González, al pretender asumir una espuriae inejecutable defensa, por no estar facultado para ello, sólo aspirando sumar un elemento más a la fracasada campaña de descrédito internacional contra nuestro país, se asume como sumiso esbirro del eje derechista antivenezolano Madrid-Bogotá, pretendiendo valerse de su doble condición de ex presidente del Gobierno español y de ciudadano colombiano, deshonrando ambos gentilicios.
La Cancillería venezolana reiteró su amistad y profundo afecto por el pueblo español, sus nacionalidades y regiones, así como nuestro apego al principio de no injerencia, respeto mutuo e inviolabilidad a la soberanía de los Estados como un principio fundamental de las relaciones internacionales.
Finalmente, la Cancillería venezolana indicó que observa en la conducta del Gobierno de España, del partido de Gobierno y de su canciller una clara intención de intensificar un conflicto en contra de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, nos reservamos todas las acciones y las medidas integrales para defender en cualquier escenario nuestra patria
