La CIDH expresó hoy su «preocupación» por la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, en particular los que acudieron a sus audiencias públicas la semana pasada, y afirmó que aún no ha tomado una decisión sobre la petición de medidas cautelares para el opositor venezolano Leopoldo López.
«Miramos con preocupación lo que sucede con los defensores de derechos humanos en Venezuela», dijo Felipe González, uno de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una conferencia de prensa al término del 154 periodo de sesiones del organismo en Washington.
La semana pasada, la CIDH emitió una medida cautelar en la que instaba al Gobierno de Venezuela a proteger la vida del defensor de derechos humanos venezolano Marco Antonio Ponce, y denunció que él y otras seis personas que viajaron a Washington para hablar ante la Comisión fueron intimidados por altos cargos del Estado.
«Se había señalado que (esas personas) regresarían en tales vuelos con tal fecha a Venezuela» tras su participación en las audiencias, recordó González.
El Estado de Venezuela «no ha respondido» aún a esa solicitud de protección que hizo la CIDH, pero en los últimos días el organismo ha recibido «más información de parte de los defensores y defensoras, en el sentido de que al llegar (a Caracas) también habrían sido objeto de seguimiento, de fotografías», añadió.
González aseguró que, además de Ponce, «las otras personas» que acudieron a las audiencias en Washington también solicitaron medidas cautelares, y la Comisión «tiene abierto el trámite» de esa petición.
Entre ellos están Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Carlos Correa, de Espacio Público; Liliana Ortega, de Cofavic; Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Aurelio Fernández, de Transparencia Venezuela; y Feliciano Reina, de CODEVIDA.
Este mes, los miembros de la CIDH también evaluaron una solicitud de medidas cautelares para Leopoldo López que llevan ya varios meses estudiando, pero no tomaron ninguna decisión.
González confió en poder tener «pronto» una decisión respecto a la solicitud relativa a López, que se encuentra en prisión preventiva desde febrero de 2014 acusado de promover violencia durante una marcha que dio comienzo a una oleada nacional de protestas antigubernamentales. EFE
