Ante los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fueron condenados a 12 años de prisión tres funcionarios de la Policía del estado Bolívar y un civil por su responsabilidad en hechos de corrupción y tráfico de drogas, ocurridos el 1° de agosto de 2008 en el sector El Roble de San Félix.
Durante el juicio, las fiscales 4ª y 14ª auxiliar del segundo circuito de la citada jurisdicción, Mayerling Acosta y María Gabriela Martínez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el comisario Nat King Orozco Orihuela, el subinspector Rafael Medina Fuenmayor y el cabo segundo Héctor Acosta Bello por ser cooperadores inmediatos en el delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y corrupción impropia.
La representación fiscal también ratificó la acusación contra Samuel Franco Barrios por los delitos de ocultamiento de sustancias estupefacientes y corrupción impropia.
Tales calificaciones penales se encuentran previstas y sancionadas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Ley Contra la Corrupción, vigentes para la fecha en que ocurrieron los hechos.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 1º de juicio de Puerto Ordaz dictó la referida sentencia condenatoria contra las cuatro personas, quienes permanecen recluidas en el Centro de coordinación Policial Marhuanta, mientras que un tribunal de ejecución determina el centro donde cumplirán la pena.
La investigación del caso se inició el 1º de julio de 2008 tras la denuncia realizada por otro funcionario policial, en la que manifestaba irregularidades cometidas durante un allanamiento efectuado el 17 de junio de ese año, en un taller ubicado en el sector El Roble, en San Félix, donde se encontraba Samuel Franco Barrios.
Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron una panela de cocaína, 60 mil dólares y un arma de fuego, sin embargo; Franco Barrios no fue aprehendido en ese momento.
Ante la referida denuncia, ese mismo día se practicó otro allanamiento en el taller incautando cuatro kilos con 470 gramos de cocaína, resultando aprehendido el referido hombre.
Tras la investigación coordinada por el Ministerio Público, se solicitaron al Tribunal 3º de Control las órdenes de aprehensión contra los funcionarios, que fueron detenidos el 3 de julio de 2008.