«Esto es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad», dijo la mandataria en cadena nacional, quien reconoció que «los chilenos y chilenas están molestos».

Chile se ha visto sacudido por los casos Caval, Penta y Soquimich, los cuales presuntamente involucran el desvío de recursos y el tráfico de influencias, entro otros delitos que son investigados por la justicia.

Las médicas presentadas por Bachelet se dan a conocer luego de que recibió un informe de un consejo anticorrupción,

“Mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, dijo.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

— Transparentar el financiamiento de las agrupaciones políticas.

— Eliminar los aportes anónimos a partidos y agrupaciones.

— El Estado comenzará a financiar la vida de los partidos políticos.

— Los oficiales electos en las urnas que sean encontrados culpables de corrupción, no podrán ser futuros candidatos y perderán sus puestos.

— Las personas que sirvan en oficinas públicas lo harán por méritos y vocación.

— Se aumentará la fiscalización de los recursos públicos a nivel Ejecutivo y municipal.

— Se tomarán medidas severas para evitar la evasión fiscal.

— Se comenzará a trabajar en una nueva Constitución en septiembre próximo.

Casos de corrupción

En el caso Caval, el hijo de la presidenta, Sebastian Dávalos, y la esposa de éste, Natalia Compagnon, están acusados de tráfico de influencia y uso de información privilegiada.

La empresa Exportadora y de Gestión Caval Limitada, propiedad de Compagnon, presuntamente se benefició por el uso de cambio de suelo agrícola a urbano de un terreno en Machalí, algo que fue logrado supuestamente mediante tráfico de influencias.

Dávalos presuntamente ayudó a la que la compañía de su mujer obtuviera un crédito millonario para comprar el terreno, y para que luego el tipo de suelo fuera cambiado, lo que derivó que el terreno aumentara rápidamente su plusvalía.

Al respecto, Bachelet ha dicho que no estaba enterada de los negocios de familia y acusó que existe un intento de involucrarla en casos de corrupción.

En el llamado caso Penta, el gobierno chileno investiga a dicho grupo empresarial por presuntamente defraudar al fisco y dar dinero a campañas políticas.

Producto de dicha investigación, se descubrió que la empresa Soquimich, la principal productora de nitratos y fertilizantes, hicieron pagos a través de una de sus filiales, controlada por el operador político Giorgio Martelli, a Nueva Mayoría, la agrupación de la presidenta Bachelet.

Los pagos se realizaron a través de facturas por servicios supuestamente ficticios de personas cercanas al ministro del Interior del gobierno de Bachelet, Rodrigo Peñailillo.