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El diputado opositor venezolano Julio Montoya informó este miércoles de que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «nuevos hallazgos» sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA), investigadas por supuesto lavado de dinero, reseñó la agencia EFE.
«Vamos a llevar (a la AN y la Fiscalía) todos estos elementos de juicios, los nuevos hallazgos, vamos a llevar las grabaciones, vamos a llevar lo que hemos descubierto, las empresas que pagaron comisiones a los depositantes del banco d’Andorra», dijo el parlamentario opositor durante una rueda de prensa en la que dio un balance de su viaje a España.
Montoya volvió a Caracas tras un viaje a Madrid para reunirse con varios parlamentarios españoles e impulsar la investigación sobre las cuentas que exfuncionarios venezolanos tenían en la BPA, que está en la mira judicial por supuesto lavado de dinero.
Cabe recordar que Montoya ya había solicitado una investigación sobre estos casos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría chavista, que acordó el 24 de marzo pasado iniciar estas averiguaciones sobre blanqueo de dinero por parte de funcionarios y empresarios, siempre y cuando la bancada opositora presentara pruebas.
Durante su permanencia en Madrid, Montoya dijo que pudo «corroborar» que hay «una fuerte contradicción» entre la Fiscalía y la Cancillería de su país con relación a los venezolanos que «utilizaron pasaporte diplomático para enviar euros por vía de valija diplomática para el BPA».
«La Fiscalía reconoce la existencia de estos pasaportes y ha verificado que esos pasaportes fueron emitidos por la Cancillería, pero la Cancillería niega haber emitido esos pasaportes», dijo el diputado opositor que sumó la interrogante:
«¿Quién tiene la razón?».
Entre los hallazgos hechos, dice Montoya, hay grabaciones en la que el abogado del venezolano Diego Salazar -vinculado con el supuesto lavado de dinero-, afirma que «pagó 80.000 dólares para que la Fiscalía y la Policía silenciara el caso» en el país suramericano.
Según Montoya, la Fiscalía venezolana «conocía el caso desde 2010».
