Gabriel Puerta Aponte, Secretario General de Bandera Roja, anunció que el partido presentará su tarjeta propia para los comicios parlamentarios previstos para este año, aunque se produzcan acuerdos unitarios a los que puedan llegar los factores de la alternativa democrática.
En las afueras de la sede del Consejo Nacional Electoral, el dirigente político informó además la decisión del organismo comicial de ratificarlo a él como único autorizado para hacer las postulaciones de candidatos en nombre de la organización, luego de un conflicto de varios años con otros integrantes del partido, “que habían usurpado las funciones con apoyo del Tribunal Supremo de Justicia”, según declaró.
Puerta Aponte se mostró complacido con la evolución de este proceso ratificado por el CNE, luego de que en el máximo tribunal del país se derogara una medida cautelar que permitía al Presidente de BR hacer las postulaciones.
Explicó que aún es importante cumplir con el proceso de renovación de autoridades del comité central a través de la repetición de las elecciones que debe ser instruida por la sala electoral del TSJ, razón por la cual acudirán allí en los próximos días para presentar un nuevo cronograma electoral interno ya que como se recordará, el proceso que realizaron anteriormente con la participación de toda la militancia a nivel nacional, fue invalidado por el TSJ por «vicios de forma» y como resultado de no haber costeado un cartel pago en la prensa nacional detallando el proceso electoral que se realizaría en el 5to Congreso Nacional de dicha tolda partidista, aun cuando este evento fue divulgado por medios nacionales, páginas oficiales y medios internos del partido.
“El Tribunal Supremo de Justicia había aceptado un amparo (2012) por parte de un supuesto grupo de dirigentes de Bandera Roja, quienes se adjudicaron en aquel entonces la representatividad y la ejercieron durante el anterior proceso electoral por medio de una medida de amparo que posteriormente el propio tribunal desestimó, en vista de que los demandantes no presentaron ninguna prueba para que el amparo tuviese sentido jurídico ni pertinencia legal alguna”, informó.
