A raíz de la ola de expropiaciones y nacionalizaciones decretadas por el entonces presidente Hugo Chávez entre 2007 y 2012, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo, después de Argentina, con más demandas internacionales de arbitraje de inversión en su historia (38 en total), lo que le ha generado compromisos por el orden de los 6.500 millones de dólares, aunque los expertos estiman que la suma por concepto de condenas arbitrales podría ubicarse entre $13.000 y $20.000 millones.
Venezuela ocupa además el primer lugar, entre 159 naciones, como el Estado con mayor número de procesos abiertos ante un tribunal arbitral.
De los 38 casos interpuestos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), 20 (52,63%) continúan pendientes, por lo que ahora corresponde al gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una severa crisis económica por la disminución de los precios del petróleo y la falta de divisas, asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por su antecesor.
Durante la administración de Chávez (1999-2013) se iniciaron 37 de las demandas registradas ante el Ciadi, instancia del Banco Mundial creada en 1966 con el fin específico de resolver las controversias relativas a inversiones extranjeras. Antes de su llegada al poder, el Estado venezolano había sido demandado una sola vez, en 1996, por la empresa Fedax por un asunto relacionado con bonos de la deuda pública.
Todo por las expropiaciones
El denominador común de estas demandas es la expropiación de activos a inversionistas extranjeros. De las 37 reclamaciones en cuestión, al menos 33 (86,8%) se ubican en este renglón, mientras que las cuatro restantes, que ya están cerradas, se relacionan con contratos de obra pública, instrumentos de deuda pública (bonos) y la revocatoria de concesiones. De estas últimas, tres tienen su origen en actuaciones adelantadas por gobiernos anteriores a Chávez.
El experto en arbitraje internacional, Gilberto Guerrero-Rocca, explica que las expropiaciones son decisiones soberanas de los países, por tanto lo que se debate en los tribunales arbitrales del Ciadi no es si un Estado puede o no nacionalizar, sino si éste violó alguna de las garantías contenidas en un tratado bilateral de protección de inversiones como, por ejemplo, la justa y pronta indemnización o la negociación con base en la buena fe.
De allí que el panorama para Venezuela no sea muy alentador, pues no tiene forma de evitar las consecuencias económicas de haber expropiado a las empresas.
Del total de acciones intentadas contra Venezuela, el mayor número de demandas procede de empresas vinculadas al área de Petróleo, minería y gas con 21 casos (55,3%), entre los que figuran Venoco, Conoco-Phillips, Exxon-Mobil y la minera canadiense Gold Reserve, entre otras.
El resto de las solicitudes arbitrales se distribuyen entre nueve sectores a saber: Finanzas e Infraestructura, cada uno con tres casos (7,9%); Alimentos, Producción de cemento y Producción de vidrios, los tres con dos causas (5,3%); Agrícola, Automotriz, Turismo y Telecomunicaciones, con una petición cada uno (2,6%).
Condenas millonarias
De los 18 (47,37%) casos ya concluidos, cinco fueron decididos en el último año con resultados adversos para Venezuela. En este grupo destacan las indemnizaciones a Gold Reserve por $740,3 millones, Owens Illinois por $455 millones, Tidewater por $48,9 millones, el operador chileno IDC y su socio suizo Flughafen Zürich por $33 millones y Exxon-Mobil por $1.600 millones, de los cuales hay que descontar $747 millones ya pagados por una condena previa a Pdvsa (Petróleos de Venezuela) con ocasión a un arbitraje bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El monto de las cinco condenas asciende a $2.130,2 millones.
Las negociaciones cuentan
Como parte de su estrategia como litigante, Venezuela se sentó a negociar con determinadas empresas y logró transarse por montos inferiores a los solicitados en las demandas; sin embargo son cantidades significativas que engrosan la lista de compromisos adquiridos por la República en materia de arbitraje de inversión.
En este grupo se encuentran las compensaciones logradas con Ternium ($1.970 millones), Eni Dación ($700 millones), Cemex ($600 millones), Holcim ($650 millones), Williams & Exterran ($420 millones) y Vestey Group ($4.800.000). Las primeras tres ya fueron canceladas por lo que sus casos fueron cerrados, mientras que las tres últimas aparecen reflejadas en la página oficial del Ciadi dentro de los casos pendientes. Según los expertos, los procesos no se dan por concluidos hasta que el Estado deudor pague la totalidad de la indemnización.
Por estos seis casos Venezuela asumió, en su momento, una obligación por el orden de $4.344,8 millones, que contabilizada con las cantidades previamente señaladas suma un total de $9.475 millones, lo que equivale a un poco más de la mitad de las reservas internacionales de Venezuela, que al 13 de mayo de 2015 se ubican en $17.875 millones, según la última publicación realizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web.
Según estimaciones de Ecoanalítica, firma asesora en materia económica y financiera, la República deberá pagar por las demandas que aún tiene pendientes al menos $13.454 millones, lo que representa 39% de los ingresos petroleros previstos para el 2015, que según proyecciones de Oliveros se ubican en $34.000 millones.
Si Venezuela no logra hacer frente a las condenas de los laudos, las consecuencias para el país serán negativas, entre ellas destacan el incremento del riesgo país, una baja calificación crediticia e incluso la posibilidad de que los demandantes soliciten ante los tribunales internacionales la ejecución forzosa de los activos de Venezuela en el extranjero, lo cual implicaría el embargo de bienes por un valor de subasta. (deInmediato)
