El gobierno nacional está instrumentando un esquema perverso de persecución judicial contra la oposición política, gremios y líderes sociales, que hagan denuncias sobre los problemas de escasez, desabastecimiento, fallas en los servicios de electricidad, agua y bajos sueldos y salarios, con la intención de evadir su responsabilidad sobre la crisis económica, política y social que enfrentan los venezolanos.
El señalamiento lo hizo en rueda de prensa la vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo y diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, acompañada del Concejal del municipio Chacao, Diego Scharifker y del Secretario de Políticas Públicas, Ysrrael Camero, con el fin de denunciar la estrategia perversa del gobierno de culpar a la oposición de todos males del país.
Explicó Solórzano que el gobierno primero arremetió contra los empresarios usando el argumento de la supuesta guerra económica, apresaron a directivos y propietarios de varias cadenas de distribución de alimentos y productos básicos. También incrementó la persecución contra los Medios de Comunicación Social.
“Emprende el mismo esquema contra los medios de Comunicación Social, con la no renovación de concesiones, el no facilitar las divisas para adquisición del papel periódico para los medios impresos y persecución contra directivos de los medios que publican diariamente las noticias y denuncias contra un gobierno que pretende limitar la libertad de expresión”.
Ahora, el esquema instrumentado por el gobierno persigue y amedrenta a quienes denuncian los problemas que aquejan a los venezolanos. Venezuela está inmersa en una grave crisis de servicios públicos, muchas ciudades del país enfrentan severos racionamientos de agua potable, cortes no programados de electricidad, falta de insumos en los hospitales para atender a los pacientes, situaciones que son responsabilidad del gobierno nacional, no de la oposición, o de los gremios o líderes sociales que formulan la denuncia, como lo quiere hacer ver el gobierno.
“Tenemos ejemplos concretos como es el caso de Daniel Ceballos y Leopoldo López. El primero fue trasladado a la cárcel de San Juan de los Morros y el segundo es objeto de medidas disciplinarias injustificadas. Se quiere castigar a Leopoldo y a Daniel por haber levantado su voz desde la cárcel en contra de la existencia de 87 presos políticos y haber solicitado la convocatoria inmediata de la elección parlamentaria”.
Igualmente se refirió al caso de Luis Loaiza, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA) y presidente del partido Un Nuevo Tiempo en la entidad merideña, a quien, se conoció extraoficialmente, le van a dictar orden de captura “por denunciar que los profesores universitarios de la ULA se están muriendo de hambre, porque nadie vive con un sueldo de 5 mil bolívares mensuales”.
