En este nuevo día en Washington. El gobierno de Estados Unidos oficialmente ha quedado con menos herramientas para investigar el terrorismo.
El Senado entró en un período de debate la noche del domingo sobre la Ley Patriota que se alargó más allá del límite de la media noche. El hecho de que el debate no termine efectivamente le pone fin al programa de recolección de datos de la Agencia de Seguridad Nacional.
El presidente Barack Obama y funcionarios del gobierno pasaron la semana pasada emitiendo advertencias sobre las serias consecuencias para la seguridad nacional, mientras los defensores más apasionados de una reforma a la NSA estaban preparados para desafiar en algo que veían como un poco más que alarmismo.
Se espera que el Senado restaure a las autoridades que vencen a mediados de la semana, pero esto es lo que sabemos que cambiará entre ahora y ese momento:
¿Qué herramientas pierde Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo?
El gobierno pierde autoridades bajo tres disposiciones de la Ley Patriota.
La mayor y la más polémica son los amplios poderes del gobierno bajo la sección 215 que permiten que la NSA recolecte metadatos telefónicos de millones de estadounidenses y almacene estos datos durante cinco años. Eso, por ahora, ha terminado.
Las fuerzas de seguridad tampoco podrán tener escuchas telefónicas para rastrear a los sospechosos de terrorismo que frecuentemente cambian de dispositivos de comunicación, como teléfonos. En cambio, ellos necesitarán obtener órdenes individuales para cada dispositivo nuevo.
Y en tercer lugar, el gobierno pierde una disposición legal que le permite usar herramientas de seguridad nacional en contra de sospechosos de terrorismo como «lobos solitarios» si los funcionarios no pueden encontrar un vínculo con un grupo terrorista extranjero, como ISIS, por ejemplo. Pero esa disposición nunca ha sido utilizada, confirmó el Departamento de Justicia.
La Cámara aprobó de manera abrumadora un proyecto de ley, la Ley de Libertad de Estados Unidos, la cual haría grandes cambios a la primera, pero dejaría las últimas dos disposiciones intactas.
Ese proyecto de ley haría que las compañías telefónicas retuvieran los metadatos telefónicos de los estadounidenses y requeriría que el gobierno obtuviera una orden específica para obtener los metadatos telefónicos… y no de millones de personas, sino de individuos específicos.
Entonces, ¿han desaparecido por completo esas herramientas?
No exactamente.
Los funcionarios del FBI y de la NSA tienen permitido seguir utilizando la Sección 215 y la disposición de las escuchas telefónicas en investigaciones que iniciaron antes de la fecha de vencimiento del 1 de junio.
Todas las investigaciones nuevas tendrán que llevarse a cabo sin las escuchas telefónicas y la capacidad de hacer una petición al tribunal secreto FISA para recibir órdenes judiciales a fin de obtener registros de negocios, como metadatos telefónicos, en casos de terrorismo. Ese tribunal fue establecido bajo la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera para dar órdenes judiciales en casos de seguridad nacional.
Estaba establecido que el programa de recolección de datos de la NSA terminara a las 8 p.m. hora del este el domingo para asegurar que el gobierno también cumpla con la fecha límite antes de la media noche en el sistema horario de 24 horas.
El proceso de ponerle fin a ese programa había estado en desarrollo la semana pasada, y estaba previsto que la NSA cortara sus vínculos con las compañías de telecomunicaciones a partir de las 4 p.m. hora del este el domingo.
¿Por qué es un proceso tan largo?
Los funcionarios dijeron que el gobierno empezó a «ponerle fin» al programa de recolección de datos durante la semana previa a la fecha límite.
Un funcionario del gobierno estadounidense que habló con CNN en condición de anonimato para discutir información sensible dijo que «cancelar el sistema» implica cortar las entradas entre las compañías de telecomunicaciones y la inteligencia de Estados Unidos, «cerrar los servidores» y configurar «nuestro software de monitoreo» para que los funcionarios no tengan acceso a ningún tipo de datos en las compañías de telecomunicaciones.
«Cerramos el sistema para que no exista la posibilidad de que lleguen datos o que se pueda tener acceso a ciertos datos durante ese marco de tiempo», dijo el funcionario.
Y el Departamento de Justicia pasó la semana pasada comunicándole los posibles cambios a su autoridad para recolectar datos a las compañías de telecomunicaciones, según un funcionario del Departamento de Justicia y un funcionario de una compañía de telecomunicaciones con conocimiento del proceso.
«En realidad se trata de dejarles saber que a la media noche del 31, no van a poder proporcionar los documentos legales y las órdenes judiciales, y nosotros no vamos a poder darles nada», dijo el funcionario de la compañía de telecomunicaciones.
El funcionario del Departamento de Justicia hizo referencia a «los procesos legales y técnicos que tienen que ocurrir» para que el programa llegue a su fin.
Entonces, ¿podría Estados Unidos ser un país menos seguro?
La secretaria de Justicia Loretta Lynch dijo la semana pasada que Estados Unidos enfrentaría un «serio fallo» en la seguridad nacional.
El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, dijo el viernes en una declaración que Estados Unidos «perdería por completo una capacidad importante que nos ayuda a identificar los posibles vínculos con terroristas extranjeros en Estados Unidos».
Pero los oponentes no están convencidos. En cambio, ellos están decididos a no dejar que los temores en torno a la seguridad nacional superen a las preocupaciones sobre libertades civiles y privacidad.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo el jueves que «a los esfuerzos por anular los esfuerzos de reforma no se les debería permitir que tengan éxito».
«Permitir que las disposiciones de la Ley Patriota se venzan no afectaría la capacidad del gobierno de llevar a cabo investigaciones dirigidas o combatir el terrorismo», dijo la ACLU. «El gobierno cuenta con otras herramientas, entre ellas citaciones administrativas y de un gran jurado, las cuales le permitirían recolectar la información necesaria».
¿Cuáles son los datos sobre las capacidades que se vencen?
En la situación actual, varias juntas oficiales de revisión —entre ellas un grupo de revisión presidencial y una junta de supervisión de privacidad del gobierno— encontraron que el programa de recolección de datos no era necesario para frustrar un solo complot de terrorismo.
El gobierno de Obama aprueba el plan bajo la Ley de Libertad de Estados Unidos para transformar ese programa.
La disposición de las escuchas telefónicas que puede ser utilizada en casos de terrorismo se utiliza menos de 100 veces al año, pero los funcionarios podrían estar en una situación difícil cuando de nuevas investigaciones se trata.
Las autoridades aún van a poder obtener escuchas telefónicas estándar sobre el teléfono de un terrorista sospechoso, pero un nuevo teléfono requiere de una nueva orden.
El vocero del Departamento de Justicia Marc Raimondi dijo que la naturaleza clasificada de las investigaciones hace que incluso eso sea un desafío.
«Cuando perseguimos a un terrorista o a un espía, casi todo lo que tenemos es altamente clasificado. Los tribunales normales no podrán manejarlo», dijo.
Los funcionarios dicen que la creciente amenaza de los lobos solitarios —entre ellos los que son inspirados por ISIS, pero no ordenados por la organización— genera la necesidad de mantener esa disposición de la Ley Patriota.
Pero ellos reconocen que la disposición no había sido utilizada, incluso ahora que el FBI ha enfocado sus esfuerzos cada vez más en los lobos solitarios.