Como un tornado, Isabel Carmona recorre los pasillos de un sofocante edificio prefabricado, que por falta de presupuesto por casi cuatro décadas ha sido la «sede provisional» de la escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela, la mayor y más antigua del país.
Carmona se dedica incansablemente a asesorar a profesores y estudiantes, dirigir estudios de postgrado y hasta resolver problemas administrativos como la falta de insumos, entre ellos los que obligan a los estudiantes a tolerar la molestia de recibir clases en aulas que tiene años con el aire acondicionado dañado.
Ese esfuerzo no parece hacer mella en Carmona, una profesora jubilada de 61 años, que sigue impartiendo clases en una de las escuelas más golpeadas por otro tipo de escasez, aún más determinante, la falta de docentes.
Sumida en una crisis económica con una inflación galopante, severos problemas de escasez de alimentos y bienes básicos y una contracción del aparato productivo que tiende agravarse, han convertido a Venezuela, otrora una nación receptora de inmigrantes, en un territorio inhóspito para los empleados de alto nivel que se van del país en busca de mejores condiciones de vida.
Los profesores universitarios, sobre todo los mejores calificados, se han sumado a esa fuga de cerebros, ahuyentados por tener en su mayoría ingresos cercanos al salario mínimo mensual como consecuencia de crónicos presupuestos deficitarios y la tardanza del gobierno en aprobar aumentos distintos a la escala más baja.
Recién el 6 de junio, en un esfuerzo por evitar un paro nacional, el gobierno aprobó un incremento entre 30% y 70%, que muchos catalogan de insuficiente.
«Algunos profesores han decidido retirarse, se van para el exterior y empiezan a ganar en dólares; otros se van para empresas privadas, piden trabajar a tiempo parcial», dijo Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, o UCV, a la Associated Press.
La deserción de muchos profesores comienza a poner en riesgo la calidad de la educación superior y constituye una amenaza para el funcionamiento de las principales casas de estudios de Venezuela. Trabajos de investigación y asignaturas básicas frecuentemente quedan en suspenso «por no contar con un profesor para esto», dijo Jazmín Palermo, estudiante de economía de 25 años.
De acuerdo con cifras de las cinco universidades públicas más grandes del país, unos 1.600 profesores renunciaron a sus cátedras en los últimos cuatro años. La Federación de Profesores está realizando un censo para dar cifras completas del sector a más tardar en julio, que incluiría todas las universidades públicas.
Según Márquez, más de 700 profesores en el caso de la UCV se han ido desde 2011 de un total cercano a los 4.000 docentes activos que tenía para entonces y más de 400 en la Universidad Simón Bolívar. El sueldo «no me alcanza, así de simple; pero el problema no es ese, el problema es el poco valor que tiene el profesor universitario» en la sociedad venezolana, agregó.
«Esta escuela que es la escuela que forma a los administradores de negocios, que forma a los contadores, no tiene personal de planta y con sueldos tan bajos, ¿cómo le dices a una persona joven ‘quédate aquí dando clase?»’, aseveró.
Varios profesores consultados, como Márquez y Rodríguez, que llevan años en la academia coinciden en decir que dos décadas atrás un profesor de la UCV devengaba un sueldo equivalente a 20 o más salarios mínimos y, ahora, el que más gana recibe el equivalente de dos salarios mínimos.
Para algunos profesores entrevistados, incluso, es un lujo comprar un libro en meses, coincidieron varios profesores consultados.
El déficit de profesionales universitarios con doctorados en otros países también ha contribuido al aumento de la fuga de profesores venezolanos, quienes están recibiendo ofertas de varios lugares del mundo.
Entre los oferentes está Ecuador, donde crearon un novedoso programa para combatir la fuga de cerebros con miras a darle a su país la posibilidad de competir a nivel mundial. Ese proyecto también contempla la importación de cerebros, ya sea de ecuatorianos en el exterior o de extranjeros.
Países como «Ecuador se han beneficiado de la tragedia venezolana», dijo a la AP Pedro Rodríguez, doctor en biología celular y profesor de la UCV. Esto «va a trascender en generaciones. «Ellos van a pagar por los errores de las políticas públicas… signadas por la mezquindad».
Rodríguez, de 52 años, que tiene un permiso remunerado de un año para realizar un trabajo de investigación en el departamento de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Chicago, puso como ejemplo su situación: «por cada unidad monetaria que yo recibo en Venezuela, yo aquí (en Estados Unidos) recibo 92».
El gremio nacional de profesores sostiene que la fuga de recursos humanos de las universidades estatales sería «producto de la política del gobierno» de los presidentes Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.
«Hay un proyecto político que se caracteriza por la destrucción de las instituciones», que tienen una postura «critica, que es formadora de libre pensamiento, que tiene una posición contraria a la política gubernamental», dijo Márquez. Este «proceso de destrucción» comenzó cuando el gobierno de Chávez hizo una propuesta para que el Estado interviniera organizaciones sindicales y gremiales.
A partir de «allí lo que hemos visto es la pérdida del poder de las organizaciones sindicales y gremiales en la lucha por su derecho, dificultando la realización de elecciones internas», entre «otras acciones que constituyen una intromisión», comentó el líder gremial.
Resaltó que tras ser derrotada una supuesta estrategia de descrédito de las autoridades gremiales y sindicales para tomar control de las universidades, el gobierno empezó a «ejercer un control en el presupuesto que ya conduce en más de 50%… deficitario en un 65% y que manda a cuenta gotas».
Según los gremios laborales el gobierno, además, inició una política para aplanar las escalas salariales.
La crisis se agudizó entre 2010 y 2012 cuando los salarios del sector universitario permanecieron congelados. Como consecuencia, el sueldo de muchos docentes estuvo formalmente hasta el 5 de junio por debajo del salario mínimo, según la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.
El salario mínimo en Venezuela es de 7.324 bolívares, unos 1.162 dólares a la tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar, pero menos de 25 dólares según la cotización de la divisa en el mercado negro; ampliamente utilizado para establecer muchos de los precios de los bienes.
Venezuela ha registrado en los últimos nueve años una de las mayores tasas de inflación de la región a pesar de tener control de precios y de cambios desde hace once años. Los analistas asocian los problemas de la inflación y el desabastecimiento al agotamiento de este modelo de controles y a un crecimiento del gasto público que ha llevado el dinero circulante en la economía a niveles nunca vistos. El año pasado, la inflación cerró en 68,5%.
El 2013 se produjo un incremento salarial tras estallar un conflicto que no compensó ni la inflación ni el deterioro sufrido, resaltó Márquez. Con ese ajuste, en los siguientes dos años se redujo el sueldo de los profesores mejor remunerados en cerca de dos salarios mínimos y las diferencias salariales entre los profesores de niveles más bajos, como los recién contratados, y los beneficiados con el incremento anual del salario mínimo.
The Associated Press solicitó entrevistas a los funcionarios del Ministerio de Educación Superior, pero no estuvieron disponibles de inmediato.
«Es tanto el amor que nosotros le tenemos a esta universidad, (que) no solamente generamos ingresos para subsistir… sino que subsidiamos a la Universidad», dijo Morayma Rondón, profesora de la escuela de Trabajo Social.
En tanto, la profesora jubilada Carmona, que sigue trabajando en la UCV para evitar que la falta de profesores obligue la suspensión de materias esenciales, ha tenido que buscar empleo fuera del claustro universitario.
También trabaja en una firma de contadores pues su ingreso total de un año en la universidad, unos 180.000 bolívares, «no me alcanza para comprar el boleto para ir a ver a mis hijos», que viven en Pembroke y Doral, Florida, dijo la profesora con lágrimas en los ojos.
El boleto de avión le cuesta unos 14.600 dólares al cambio oficial de 12 bolívares por dólar.
AP
