El titular del Centro de Coordinación Policial Número 4 de la Policía de Miranda, supervisor jefe Jimmy Cuevas, informó que en horas de la tarde del pasado lunes 22 de junio, los aprehendidos en las Salas de Guarda y Custodia de la sede policial de Río Chico destrozaron parte de la estructura, para exigir al Ministerio de Servicios Penitenciarios sus traslados a los centros de reclusión del país.
“Por un lapso de tres horas, los detenidos protagonizaron una violenta situación irregular debido a que, además de solicitar sus traslados, exigieron visitas conyugales, televisores, alimentos, ventiladores y actividades recreativas, beneficios que sólo pueden tener en los recintos penitenciarios nacionales”, comentó.
Cuevas resaltó que los privados de libertad hicieron un boquete en una pared frontal que comunica con el pasillo que dirige a los sanitarios.
“Asimismo, destrozaron las bases de las rejas protectoras. También, las paredes de los calabozos I, II y III resultaron afectadas, además de las estructuras de otros tres baños. Tenemos que recordar que estos recintos son bienes del estado, por ello los aprehendidos tendrán que ser presentados por daños al patrimonio público”.
Añadió que durante la protesta de los apresados, funcionarios de la Unidad de Control de Reuniones y Manifestaciones Públicas, dialogaron con los detenidos para instaurar la calma en el recinto, acción que fue positiva, debido que accedieron voluntariamente a desistir la violencia. “Cabe destacar que en todo momento se respetaron los derechos humanos de cada recluso y que no se registraron heridos”.
El jefe policial señaló que en las instalaciones hizo acto de presencia un representante de la Fiscalía Décima de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, quien dialogó con los detenidos sobre sus peticiones y la necesidad del otorgamiento de cupos a cada uno de ellos.
También indicó que las Salas de Guarda y Custodia del ente de seguridad regional fueron construidas para que los detenidos permanezcan un máximo de 48 horas y que debido al retardo procesal, las estadías en algunos casos se prolongan más de dos años.
El supervisor jefe agregó que la acción violenta por parte de los privados de libertad, fue notificada a la Fiscalía Octava del Ministerio Público. NP
