Este lunes Venezuela ratificó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su compromiso de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y al tiempo pidió que el debate sobre este tema en instancias internacionales se haga de manera imparcial.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, realizó la entrega del informe sobre los avances alcanzados en materia de derechos civiles y políticos en Ginebra, Suiza, donde solicitó que el tema sea discutido «en un espíritu de diálogo genuino, cooperación, de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas»,
Manifestó que los venezolanos «confiamos en suscribir con los miembros de este comité un diálogo interactivo, nutrido, provechoso, fructífero, que posibilite la autoevaluación y profundización de nuestros lazos con el sistema universal de los derechos humanos».
En su exposición, la fiscal realzó el ordenamiento jurídico constitucional venezolano en materia de libertad de expresión y derecho a la manifestación. «En Venezuela es cotidiano que se realicen manifestaciones públicas, lo que es parte de nuestro pluralismo político y de la diversidad ideológica, y la labor de los cuerpos de policía debe estar dirigida a que el disfrute del derecho a la manifestación pacífica no derive en la vulneración de los derechos de las demás personas y la violación de las leyes nacionales», remarcó.
La fiscal refirió las acciones violentas y delictivas perpetradas por grupos de choque en el país desde el 12 de febrero de 2014, con la intención de generar desestabilización y propiciar un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y demás autoridades legítimas elegidas por el pueblo venezolano.
Describió dicha ofensiva, que concentró acciones como obstaculización de vías, agresión contra oficinas públicas y privadas, sistemas de transporte y servicios públicos, «acciones que constituyeron violaciones a los derechos y a las libertades del resto de la población».
Resaltó que estas acciones, promovidas por la ultraderecha, produjeron 878 heridos, de los cuales 278 fueron efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, junto a 43 fallecidos, de los cuales 10 eran efectivos policiales, militares y un fiscal del Ministerio Público.
Recordó que ante la violencia fue necesaria la intervención de los órganos de seguridad y las personas aprehendidas en flagrancia fueron puestas a la orden de los tribunales correspondientes «con todas las garantías del debido proceso».
Calificó como insólito que algunos medios de comunicación, voceros políticos e incluso supuestos defensores de derechos humanos hayan justificado esos crímenes y consideren a sus autores como «pacíficos» manifestantes.
Ante este recuento de hechos, la fiscal resaltó que el pueblo de Venezuela ha demostrado su vocación democrática, soberanía y autodeterminación a través del sufragio secreto, libre y universal, en 19 procesos electorales nacionales desde 1999,a través del carácter transparente y auditable del sistema electoral venezolano, reconocido en la comunidad internacional como uno de los mejores del mundo.
En su explicación, la fiscal recordó que desde 2006 Venezuela adelante un proceso de reforma policial que ha destacado como un gran avance, fundamentado en un nuevo modelo civil, profesional y preventivo, respetuoso de los derechos humanos, así como la promulgación de la Ley del Servicio del Policial que consagra el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
«El Estado venezolano no avala actuaciones policiales que atenten contra los derechos humanos, más bien las condena», y en los casos aislados en que se han cometido excesos se ha venido actuando con contundencia», comentó.
Refirió que desde enero hasta mayo de 2015 el Ministerio Público ha imputado a 252 funcionarios de varios cuerpos policiales, ha acusado a 110 y han resultado condenados por los tribunales 53, de esa cifra 66 se encuentran privados de libertad.
La fiscal también destacó el rol que han cumplido la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público como instituciones mediadoras entre actores sociales y políticos, «propiciando encuentros entre los distintos sectores sociales del país».
Igualmente, el Estado venezolano ha atendido a los privados de libertad para garantizar plenamente todos sus derechos, la celeridad procesal y comunicación con sus familiares, así como su recreación y educación.
«Para dar celeridad procesal se constituyen tribunales penales itinerantes, asimismo fiscales de protección de derechos fundamentales y defensores del pueblo constatan el efectivo ejercicio de todos sus derechos y en caso contrario instan a las instituciones competentes a la aplicación de las medidas que corresponden», explicó.
Recordó que por primera vez en la historia del país existe un sistema de protección a los pueblos indígenas y afrodescendientes e igualmente para los niños, niñas y adolescentes y especialmente para la mujer.
Citó la reforma parcial aprobada por la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, al incluir el delito del feminicidio, prohibir la trata de personas, la esclavitud y el trabajo forzado.
