El Ministerio Público logró privativa de libertad para nueve oficiales de la brigada motorizada de la Policía del estado Bolívar por presunta extorsión y desvalijamiento de un vehículo de un joven, hecho ocurrido el pasado 5 de junio en la urbanización Villa Africana de Puerto Ordaz, municipio Caroní del referido estado.
Durante la audiencia de presentación, el fiscal 1º del estado Bolívar, Jairo Chacón, imputó a los funcionarios Harly Flores Velásquez (32), Erick Correa Palma (30), Alexis Rafael Díaz (37), Cristóbal Silva Salinas (23) y Jorge Pérez Ugas (28), por ser coautores de la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, robo agravado, desvalijamiento de vehículo automotor, privación ilegítima de la libertad y asociación para delinquir.
Mientras que como cómplices necesarios de los mencionados delitos fueron imputados los funcionarios Joshua Morales Rojas (25), Énride Maza Sifontes (41), Jonnhatan López Mendoza (24) y Alberto Piñero Muñoz (25).
Estos delitos están previstos en las leyes Contra la Extorsión y Secuestro; el Robo y Hurto de Vehículos Automotores; Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y en el Código Penal.
Al evaluar los elementos de convicción presentados por el fiscal del caso, el Tribunal 2º de Control de Puerto Ordaz dictó la medida privativa de libertad contra los nueve funcionarios, quienes permanecerán recluidos en el Centro de Coordinación Policial Brisas del Orinoco, en Ciudad Bolívar.
De acuerdo con la investigación preliminar, el pasado 5 de junio en la urbanización Villa Africana de Puerto Ordaz, una comisión de la brigada motorizada de la Policía del estado Bolívar detuvo a un joven, quien es hijo de un comerciante.
La víctima fue trasladada al Centro de Coordinación Policial Los Olivos, donde le desvalijaron su vehículo y lo despojaron de la cantidad de 15 mil bolívares. Desde allí, los hoy privados de libertad se comunicaron telefónicamente con el padre del retenido para solicitarle 500 mil bolívares por su liberación. De lo contrario, amenazaron con incriminarlo en un hecho punible relacionado con drogas.
El joven estuvo detenido ilegalmente entre las 9 y 11 de la noche, cuando su progenitor llegó a la citada estación policial con un cheque por una cantidad inferior a la exigida, motivo por el que acordaron un nuevo encuentro.
Ante la situación, el comerciante denunció el hecho ante el Ministerio Público, por lo que el 9 de junio, el fiscal del caso coordinó con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) una entrega controlada de dinero, entre el padre de la víctima y los funcionarios involucrados en la sede del aludido centro de coordinación policial.
A tales efectos, los funcionarios de la GNB se presentaron en el sitio sin uniforme, pero dos de los agentes policiales intervinieron desenfundando sus armas, lo cual impidió la acción judicial.
En consecuencia, al día siguiente, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión al Tribunal 2º de Control de Puerto Ordaz, la cual se ejecutó cuando los nueve policías regionales fueron aprehendidos en el Centro de Coordinación Cachamay.
A partir de ese momento, quedaron a las órdenes del Ministerio Público.
