Fray Roa, directivo de la Federación Venezolana de Licorerías y Afines, dijo con relación a la cerveza que “hace 4 días nos enteramos que el Gobierno nacional aprobó las divisas para la importación de la cebada y materia prima”
“De continuar la aprobación de normativas sin la participación activa de los licoreros, vemos con preocupación el peligro que están corriendo el millón 400 mil empleos, entre directos e indirectos, que genera en el país este sector empresarial”.
Las expresiones corresponden a Fray Roa, director general de la Federación Venezolana de Licorerías y Afines (Fevelif), quien se refirió a la entrada en vigencia de la Providencia 019, “que pasa a acentuar aún más la regulación de las actividades de este sector, por parte del Gobierno nacional, lo cual generará fuertes consecuencias negativas en el gremio”
De acuerdo a la cifras que expone el representante de Fevelif, en lo que va de este año, “la estructura de costos del sector ha subido entre 300% y 500% por los efectos de la inflación y de la Ley Habilitante, que fijó un aumento de 50% en tributos al sector, adicionales al impuesto al valor agregado (12%). Estos incremento en las operaciones trajo como consecuencias que las ventas de licores descendieran, por lo menos en un 50%”.
Con respecto al tema de la cerveza, destacó Roa que existe una alerta, “pese a que hace 4 días nos enteramos que el Gobierno nacional aprobó las divisas para la importación de la cebada y materia prima, pero de no ser así, en uno o dos meses se estará paralizando la producción, lo que generará serios inconvenientes en las licorerías porque esta bebida representa alrededor del 70% de las ventas de los expendios”.
Igualmente, enfatizó que a menos ganancias, menos empleos “y que las restricciones y medidas económicas en nada ha generado bajar el índice de consumo, lo que se ha apreciado es que bajó de calidad en el consumo de productos”.
Roa recordó que para el 8 de agosto está previsto que comiencen a regir las nuevas normas en torno a la fijación del precio de venta al público (PVP), las cuales dicen que el fabricante o importador debe ser el que lo marque en el producto, “lo que no garantiza que todos los integrantes de la cadena obtengan las ganancias que les corresponde porque los productores no conocen los costos operacionales de cada eslabón”.
Esperan llamado
del Gobierno nacional
“Está el caso de algunas licorerías que han recibido mercancía con listas de precios que a los comerciantes del ramo solo les deja entre 18% y 20% de ganancias, y no 30% como lo dice la Ley de Precios Justos”, señaló Roa considerando la importancia de que el Gobierno los llame a una mesa de trabajo y puedan participar los licoreros en la toma de decisiones “y así evitar el colapso de este sector y por consecuencia la pérdida de puestos de trabajo en desmedro de miles de padres y madres de familia”.
Martín Lobatón M.
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