El Foro Penal Venezolano informó que 15 presos políticos requieren atención médica. Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG, considera que la negativa para que esos detenidos sean trasladados a centros de salud representa “un nuevo esquema de tortura y tratos crueles”.
Señaló que en el grupo de los presos con dolencias está el estudiante de la UCAT Gerardo Carrero, líder del campamento que estaba frente al PNUD, que se encuentra recluido en El Helicoide. Añadió que el tribunal ordenó hace siete meses el traslado del joven para ser evaluado médicamente, pero el Sebin no ejecuta la orden.
“Se espera el chequeo médico de Gerardo Carrero desde que salió de ‘la Tumba’ en el Sebin de Plaza Venezuela”, dijo.
En marzo de de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas de protección para Carrero. “Las enfermedades de los presos no pueden ser utilizadas como una forma de castigo”, expresó el abogado.
Criticó que solo se recurra a pastillas, cuando el estudiante Carrero tiene dificultad para caminar, dolores en el estómago y sufre diarreas. Refirió también los casos del joven Ángel Contreras, que padece depresión y fuertes migrañas; Yeimy Valera, con escabiosis, y el abogado Marcelo Crovato, bajo arresto domiciliario, que sufre cáncer de piel. Recordó que también se ha solicitado atención especializada para los dirigentes políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, que pasaron más de 20 días en huelga de hambre en prisión.
El director del Foro Penal indicó que la situación médica de los presos políticos fue una de las denuncias presentadas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en junio. La ONG también informó que hubo tres muertes como consecuencia de torturas durante las protestas: Geraldine Moreno, Kliber Roa y José Alejandro Márquez. Sobre este último caso aseguró que “se comprobó en el examen médico forense que sufrió traumatismos craneoencefálicos por una golpiza propinada por dos funcionarios de la Guardia del Pueblo” en febrero del año pasado en Candelaria
“Aunque la Fiscalía cumplió con sus investigaciones y se espera el acto conclusivo, el Estado ha incumplido con las órdenes de aprehensión a los presuntos responsables. Quizá estén escondidos, desaparecidos o fuera del país”, aseveró.
Johana Aguirre, esposa de José Alejandro Márquez, exigió justicia para la familia y señaló que en los últimos meses han vivido momentos terribles. “A un año de esta desgracia total en nuestras vidas, estamos esperando respuesta del gobierno sobre estas detenciones desde febrero”, dijo.
Fuente: El Nacional
