La justicia española abrió una investigación contra ETA por «delito de lesa humanidad», una decisión inédita pero calificada este viernes de «simbólica» en un momento en que la organización independentista vasca lleva casi cuatro años sin actividad armada.
En una resolución divulgada este viernes, un juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, admitió a trámite las querellas presentadas por varias asociaciones de víctimas por «los delitos de asesinato o secuestro que pudieran haber sido cometidos por miembros de la organización terrorista ETA desde el 1 de octubre de 2004», fecha de entrada en vigor de esa figura en el código penal español.
El magistrado Juan Pablo González considera que las acciones de ETA se pueden enmarcar dentro de los crímenes de lesa humanidad que contemplan la comisión de delitos de asesinato o traslado forzoso, entre otros, cuando se cometan «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella, siendo éste el elemento que los convierte en crímenes contra la humanidad».
«En el caso de los crímenes de ETA concurren dichos elementos o circunstancias, pues los hechos delictivos se cometen como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil, constituidos por colectivos que son perseguidos por razones políticas e ideológicas, cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror son considerados por la organización estratégicamente necesarios para la consecución de sus objetivos políticos», subraya el magistrado.
Clasificada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ETA es considerada responsable de 829 muertes en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco. En octubre de 2011, anunció el cese definitivo de su actividad armada pero sigue sin disolverse ni entregar las armas, pese a la exigencia de los gobiernos de España y Francia.
‘Grupos perseguidos’
El juez González desestimó sin embargo investigar a los dirigentes etarras por delitos de «genocidio» como solicitaban las asociaciones de víctimas.
La «diferencia esencial entre los crímenes contra la humanidad y el delito de genocidio es la limitación de los grupos perseguidos y especialmente la exigencia de la intención o propósito de destruir al grupo parcial o totalmente», explicó.
Para el magistrado, los diferentes colectivos de víctimas de ETA -militares, policías, políticos o empresarios, tanto vascos como originarios de otras zonas de España- «no pueden ser considerados grupo nacional».
Aunque inédita en la historia de la lucha judicial contra la organización armada independentista vasca, esta decisión es esencialmente «simbólica», consideró una fuente judicial.
También para el periodista vasco Gorka Landaburu, director de la revista Cambio 16, experto en ETA y que fue víctima de un atentado con paquete bomba en 2001, se trata de «un acto más bien simbólico que otra cosa».
«Desde la justicia, evidentemente, los crímenes de ETA no pueden ser impunes y hay que dejarla trabajar, pero si ETA ha cometido crímenes de lesa humanidad ha sido mucho más en los años 1980 y 1990 donde están el 80% de sus asesinatos y crímenes», afirmó a la AFP.
«En la situación actual, con un terrorismo que ha desaparecido definitivamente desde hace cuatro años, no sé a que viene todo esto», dice, lamentando que desde octubre de 2011 el gobierno conservador de Mariano Rajoy se haya negado rotundamente a dialogar con la organización para avanzar hacia su desaparición.
Menos de una decena de muertes se atribuyen a la organización armada independentista vasca desde 2004. En ese periodo sus atentados causaron principalmente heridos y daños materiales.
El 30 de diciembre de 2006 una bomba en un aparcamiento del aeropuerto de Madrid mató a dos ciudadanos ecuatorianos, Carlos Palate y Diego Estacio. El 30 de julio de 2009, dos guardia civiles murieron en otro atentado en Palma de Mallorca, en las islas Baleares, el último cometido por la organización en España.
En diciembre de 2007 ETA había matado a otros dos guardia civiles en el suroeste de Francia y en marzo de 2010 acabó con la vida de un policía francés cerca de París.
