El Gobierno de Venezuela acusó hoy a las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos de los presos de haber falseado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realidad carcelaria del país para justificarse ante EE.UU., que, según dijo, les provee financiamiento.
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró, según un comunicado difundido por su despacho, que los representantes de esas ONG fueron a la audiencia que la CIDH celebró la semana pasada en su sede en Washington «a justificar su sueldo y seguir obteniendo el financiamiento que reciben del Gobierno estadounidense».
Además de «falsear» la realidad se valieron de «exageraciones», según remarcó en su programa «No te prives» en la emisora estatal Alba Ciudad.
Sin actualizar cifras de la capacidad de la treintena de cárceles existentes en Venezuela ni del número de presos, Varela destacó que el Gobierno del presidente Hugo Chávez busca «la transformación» de los reclusos «con políticas sociales y humanistas».
«Hemos ido desmantelando las mafias violentas que operan en los penales y estamos cambiando las armas por la escuela de boxeo penitenciario, el festival de la voz penitenciaria (…) y otras iniciativas para promover el deporte, el trabajo y los valores entre los privados» de libertad, destacó.
Según el director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, 567 personas murieron en las cárceles del país desde la creación del ministerio que Varela dirige, en julio de 2011, y el mismo mes de este año.
El OVP, que contabiliza unos 45.000 reclusos, asegura que desde que Chávez asumió el poder en 1999 el Ejecutivo ha manifestado buenas intenciones, pero desde entonces y hasta el primer semestre de 2012 murieron en las cárceles 5.370 personas y 15.131 resultaron heridas.
El Gobierno no ha escondido la gravedad de la situación en las prisiones y el propio Chávez ha llegado a compararla con «un cáncer».
La directora de Relaciones Internacionales de su ministerio, Laila Tajeldine, que representó al Estado en la cita de la CIDH, dijo en el mismo programa que «las asalariadas ONG intentaron desconocer los avances que se han realizado para dignificar a la población penitenciaria» y «mintieron descaradamente».
EFE
