La ONG Transparencia Venezuela, a través de la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) interpuso una denuncia ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la utilización propagandística de cuentas oficiales en la red social Twitter pertenecientes a instituciones del Estado a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus representantes.
La propaganda estaría siendo usada por Línea Área Conviasa @LAConviasa, Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo @AcuaticoyAereo, Gobernación de Bolívar @PrensaGoBol, Venezolana de Cementos @Venceremos_VDC, Aeropuerto Maiquetía @SVMI, Embajada de Venezuela en Dinamarca @EmbaVenDenmark, Instituto Nacional de Espacios Acuáticos @inea_venezuela, Ministerio del Poder Popular para el Deporte @Mindeporte, Trolebús de Mérida C.A. @Trolebus_Merida, Gobernación de Táchira @GobiernoTachira, Radio Nacional de Venezuela @RNVcontigo, Mercal de Yaracuy @mercalyaracuy, Periódico Cuatro F Digital @cuatrofdigital, Misión Sucre @Sucrehavuelto.
De acuerdo a lo expresado por representantes legales de la asociación civil, durante las elecciones internas del PSUV realizadas el pasado 28 de junio, se evidenció a través de tweets el uso flagrante de recursos públicos para propaganda política a favor de la organización política, “violándose de esta manera las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento”.
En la denuncia aseguran que “el Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el cargo que ejerce, evidenciándose claramente sus acciones contrarias al ejercicio de la función pública en orientar recursos y bienes que pertenecen a todos los venezolanos para beneficiar o promocionar candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de Twitter”.
Asimismo, la sustentan en el artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece la obligación de los funcionarios públicos en hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, so pena de incurrir “(…) en responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, según sea el caso, por los actos, hechos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley (…)”.
Por tal motivo, Transparencia Venezuela insta a la Comisión de Participación Política y Financiamiento, a que se investigue el hecho denunciado, “a los fines de determinar la responsabilidad sobre el uso de recursos públicos para beneficio de una determinada parcialidad política y se proceda a establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas que hubieran a lugar en virtud que dicha conducta quebranta las disposiciones de la ley in comento, su Reglamento General y pudiera constituir el delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción”.
La acción legal fue remitida a la Contraloría General de la República, en el marco del ejercicio del derecho a la participación en la función de control de la gestión pública previsto en el artículo 24 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
