Más de 1.500 muertes ocurrieron a manos de la Policía en ese lapso, señaló la organización de defensa de los derechos humanos.

AI también señaló en su informe, que se publicó el lunes, que se encontraron pruebas de que en 2014, la Policía estuvo detrás de nueve de cada 10 homicidios en Acari, una comunidad pobre del norte de la ciudad.

Según el informe, las muertes en las que está involucrada la Policía «rara vez se investigan».

«Río de Janeiro es la historia de dos ciudades», dijo Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil. «De un lado el brillo y el glamour diseñado para impresionar al mundo, y del otro, una ciudad marcada por las intervenciones represoras de la Policía, que está diezmando a una parte considerable de una generación de hombres jóvenes, negros y pobres».

La «crisis de seguridad pública, drogas y violencia es muy real y está resultando sumamente contraproducente», dijo, y agregó que la Policía brasileña es «corrupta» y está «mal equipada».

José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad Pública de Brasil, criticó el informe en un comunicado que envió a CNN.

«Me parece imprudente e injusto publicar el estudio de estos casos en una época en la que los índices de criminalidad están descendiendo en Río», escribió. Señaló que la Policía arrebató el control a las bandas de narcotraficantes en ciertas zonas y estableció una presencia permanente; agregó que en esas zonas solo hubo 20 homicidios en 2014 en los que la Policía estuvo envuelta, lo cual representa un descenso del 85% en comparación con 2008.

Insistió en que aunque hay zonas en Río que son «zonas de guerra», la delincuencia en general ha disminuido desde 2007.

Amnistía señaló en su informe que pidió a la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro los reportes de la investigación de todos los homicidios que se describen en su informe, pero se los negaron.

El informe es el más reciente en una serie de controversias que las autoridades locales y estatales están tratando de erradicar antes de las Olimpiadas.

Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, dijo a CNN que las Olimpiadas le han dado a la ciudad la oportunidad de mejorar. «Aún hay mucho camino por recorrer, mucho por hacer», dijo. «Es un gran acontecimiento. Está transformando la ciudad por completo, pero confío en que las cosas saldrán bien».

La delincuencia, un azote en Brasil

Según Amnistía, cuando ocurre un homicidio en el que está involucrada la Policía, un agente de la Policía civil presenta un informe administrativo para determinar si el homicidio fue en defensa propia o si es necesario levantar cargos penales.

El informe señala que los homicidios en los que está involucrada la policía se cometen en nombre de la guerra contra las drogas.

CNN ha informado de las redadas en los barrios bajos que la Policía ha ejecutado para asegurar esas zonas antes del Mundial de 2014 y de las Olimpiadas.

La delincuencia y la violencia crónica han sido un problema en algunas partes de Brasil desde hace varios años.

Río de Janeiro era el estado con la tasa de homicidios más alta de Brasil, según reportes de AI. En 2002, la tasa de homicidios en el estado en general era de 56,5 por cada 100.000 habitantes y en la capital era de 62,8. Hubo una reducción considerable a lo largo de los siguientes 10 años. Los índices en el estado y la capital cayeron a 28,3 y 21,5, respectivamente, aunque siguen muy por encima de la tasa mundial de homicidios.

La tasa de homicidios en Brasil en general se elevó un 132% a lo largo de los pasados 30 años, pero ha disminuido desde que llegó a su punto más alto, en 2003, según reportó CNN en 2013.

En un reportaje que CNN publicó en 2012, se destacó una redada con 2.000 soldados y policías en las favelas de Jacarezinho y Manguinhos. La Policía señaló que incautaron armas automáticas, pistolas y granadas y que arrestaron a montones de personas. Nadie salió herido.

La metodología de Amnistía

Amnistía señaló que en muchos de los casos que examinó, los homicidios en los que la Policía había participado se reportaron como «resistencia seguida por la muerte». El sistema de clasificación «impide las investigaciones independientes y mantiene a los perpetradores lejos de los tribunales civiles», argumenta AI.

Amnistía también descubrió que las escenas del crimen «se alteran con frecuencia»: los agentes retiran los cadáveres «sin la diligencia debida» y siembran pruebas tales como armas junto a los cuerpos.

La investigación que se usó en el informe de Amnistía se llevó a cabo entre agosto de 2014 y junio de 2015; se utilizaron fuentes de datos primarias y secundarias como investigaciones de campo, entrevistas con las víctimas y sus familiares, testigos, defensores de los derechos humanos, representantes de organizaciones civiles y especialistas en seguridad pública. Amnistía recabó en el Ministerio de Salud los datos de los homicidios en general y examinó los datos del Instituto de Seguridad Pública sobre casos ocurridos entre 2005 y 2014 en los que la Policía estuvo involucrada. Amnistía visitó Acari 14 veces para entrevistar a más de 50 personas de la comunidad, entre ellos a miembros de la Policía.

Acari fue el centro de la investigación de Amnistía porque, según el informe, era en donde había el mayor número de homicidios a consecuencia de una intervención policíaca.

Amnistía explicó que los casos que se detallan en el informe se basan en entrevistas con los habitantes de las favelas que atestiguaron los homicidios en los que la Policía participó, con otros testigos y familiares, así como en información recabada a partir de documentos relativos al incidente, actas de defunción, reportes de investigación, fotos y videos.

Otros reportes que involucran a la Policía

Esta no es la primera vez en que acusan a la Policía brasileña de cometer homicidios extrajudiciales.

La Policía brasileña mató a más de 11.000 civiles entre 2009 y 2013, según un informe de 2014 del Foro de Seguridad Pública, un grupo que recaba y difunde información de seguridad del gobierno.

En comparación, según el informe, la Policía en Estados Unidos mató a casi la misma cantidad de personas a lo largo de 30 años, entre 1983 y 2012.

En el informe se concluyó que en Brasil se usa «la fuerza letal de forma abusiva».

En un ensayo que se publicó en 2015 en la revista académica Rio Police, que tiene la misión de examinar el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades, no se ofrecen estadísticas sobre los homicidios cometidos por agentes. Sin embargo, en el ensayo se promueve que la Policía militar de Rio reforme sus prácticas de uso de la fuerza e implemente el mismo modelo que usan los agentes federales estadounidenses.

La Policía brasileña también ha sufrido muchas muertes.

En noviembre de 2014, los medios estatales informaron que habían muerto 100 policías militares en Rio en 2014, 17 en cumplimiento de su deber y 85 fuera de servicio.