El concejal del municipio El Hatillo y responsable nacional de Juventudes de Voluntad Popular, Reinaldo Díaz, acompañado de Ismael León y activistas de la tolda naranja acudieron a la Fiscalía General de la República para consignar un documento en el que exigen determinar durante la investigación que se pretende realizar en el caso de los ajusticiamientos en Aragua cuál fue la línea de mando y quién ejecutó dicha orden y no se “engavete” como otros casos irregulares que ha presentado la tolda naranja ante el Ministerio Público.
“Esto que estamos presenciando los venezolanos hoy es una clara violación de los Derechos Humanos, a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y a los Derechos Civiles y Políticos a todos los ciudadanos hoy en día. Ningún funcionario tiene la potestad para con su arma de fuego disparar a quema ropa a cualquier detenido por cualquiera que sea el delito, como pudimos evidenciar en este video el día de ayer. Esto simplemente es la evidencia de una política errada que se pretende ahora realizar en materia de seguridad. Estamos presenciando hoy en día lo que están tratando de recoger en 16 años de desidia, miles de denuncias se tienen de los distintos sectores del país que están tomados por cuerpos irregulares que tienen armas de fuego y que no hay respuesta por parte de las autoridades. Los venezolanos estamos claros donde hay sitios con toque de queda a partir de las 6:00 y 7:00 de la noche, donde mandan los colectivos y aquellos cuerpos irregulares durante 16 años y que hoy pretende este régimen violentar con cualquier tipo de legalidad y tratar de ajusticiarlos”.
En el documento también exigen que dentro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) también sean partícipes funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, específicamente de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales para que se garantice el respeto de los derechos humanos y los protocolos internacionales y que no se asuma esta política como parte de una campaña electoral, sino que realmente enfrente el problema de la inseguridad.
“Estamos de acuerdo con que el tema de la seguridad debe ser controlada con políticas implacables, pero esto no tiene que ir por encima de ley. La objetividad de un funcionario de definir la vida de cualquier detenido no puede ir por encima de la legalidad. Lo que nos protege como ciudadanos es esa objetividad de la ley y precisamente que se respeten los procesos para poder garantizar la legitima defensa de todos los venezolanos. Recordemos que son 23 planes de seguridad que han fracasado hasta el momento, exigimos que de manera responsable se presenten soluciones eficientes y no situaciones macabras que estamos viviendo hoy en Venezuela”.
