Representantes gremiales de empleados públicos estiman que aseguradoras y servicios de salud del Estado no están en capacidad de atender de forma eficiente a las, aproximadamente, ocho millones de personas que en la actualidad tienen pólizas de empresas privadas
Tras el anuncio de que antes del 31 de diciembre de 2015 los organismos de la administración pública nacional, estadal y municipal deben migrar sus contratos de pólizas de seguro HCM (Hospitalización, Clínica y Maternidad) de empresas privadas a aseguradoras y servicios de salud públicos, gremios y sindicados de diferentes regiones del país han declarado su descontento.
De acuerdo a Carlos Salazar, dirigente de la Coalición Nacional Sindical, esta medida ordenada por el Ministerio de Economía y Finanzas en la Gaceta Oficial 40.712, le “pasa por encima a los trabajadores violando lo suscrito en contratos colectivos de cada sector, la irrenunciabilidad y la progresividad de los derechos adquiridos”, dijo.
Ante esa situación, informó que en los próximos días va a presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra este decreto y contra Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Prestaciones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; promulgada el pasado 19 de noviembre, que lleva el tiempo de jubilación en la administración pública a 25 años.
“Realizaremos una serie de asambleas con los trabajadores del poder municipal en la Gran Caracas y en diferentes zonas del país para debatir sobre este tema para luego ir todos juntos en una marcha a los Tribunales para rechazar estos decretos que atentan contra años de lucha sindical”, sentenció Salazar.
Temores fundados
“Tememos que el servicio vaya a colapsar una vez que pase a las aseguradoras del Estado: somos aproximadamente 4 millones de trabajadores en las diferentes dependencias de la administración pública, y con nuestras familias que también están aseguradas llegaríamos a unos ocho millones, y no sabemos si estas compañías vayan a atender y organizar nuestra salud como lo merecemos”, aseveró Irma Bracamonte, secretaria del Sindicato de Trabajadores de El Hatillo, quien agregó: “Los seguros que tenemos ahora nos permiten una atención inmediata, pero en el sector de la salud pública nos dicen que no hay camas, no hay médicos o insumos; un HCM es un poco más costoso pero es algo con lo que podemos contra”.
A criterio de Salazar, “cómo piensa el Gobierno centralizar los HCM cuando en todos sabemos que no han sabido administra el Sistema Público de Salud: no hay insumos; no hay pago para los obreros; los médicos son maltratados; la administración de los hospitales, del Seguro Social y hasta los ambulatorios es mala”.
Ni una cosa ni la otra
Según declaraciones dadas por un trabajador de los tribunales del país, quien no quiso ser identificado por miedo a las represalias, los más de 35 mil trabajadores de la misma no cuentan con ninguna clase de seguro.
“En lugar de eso, los trabajadores tribunalicios tenemos un fondo autofinanciado; este fondo es una partida donde la institución se hace responsable de los servicios de una empresa aseguradora”, dijo el trabajador, con más de 18 años en el poder judicial. “Lo malo viene porque en el caso de la Defensa Pública, el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario y de los Tribunales hay más de 17 enfermedades que no cubren estos fondos y que si lo haría un seguro”.
De igual modo, denunció que “no sabemos bajo qué criterio se administran estos fondo: Hay problemas con el pago de las medicinas, hay clínicas en las que no nos aceptan (sobre todo en el interior del país), hay problemas con el pago de los siniestros y pare de contar”, concluyó.
Jubilaciones prolongadas
“Exigimos también se anule esta ley presentada por el presidente Nicolás Maduro el 19 de noviembre del año pasado, en donde solo se conceden las jubilaciones a los 25 años de carrera de un trabajador de la administración pública”, dijo Carlos Salazar, dirigente de la Coalición Nacional Sindical, quien agregó: “Un obrero que tiene estipulado en su contrato colectivo una jubilación a 20 o 15 años es sencillamente por las condiciones de peligro en las que trabaja, el riesgo que acarrea o la contaminación a la que está expuesto”
Luís Guillermo Valera
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