Aminta Ferrer Chacón, de 24 años, tiene 4 hijos menores de 10 años. El menor de ellos, David, tiene tan sólo 18 días de nacido.David ha pasado los últimos cuatro días de su corta vida en un albergue ubicado en la frontera entre Colombia y Venezuela en el sector de La Parada, a orillas del río Táchira, junto a otras 340 personas que fueron sacadas de Venezuela a la fuerza, luego de que el gobierno venezolano ordenara la deportación masiva de más de mil colombianos ubicados en la frontera.
Como este refugio existen otros puntos de atención a los desplazados ubicados en el coliseo municipal, en el puesto fronterizo del puente internacional, y en el Puesto de Mando Unificado de la policía en Cúcuta, según datos del Ministerio del Interior de Colombia.
Según Aminta Ferrer, a ella la sacaron de su casa el pasado viernes un grupo de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Dice que tocaron su puerta, le preguntaron si era colombiana y luego la sentenciaron: «¡desocupe!, alístese que nos vamos», le contó ella a CNN en Español.
«Luego otro guardia me dijo ‘te tengo que llevar, yo no quisiera, pero tengo otros mandos y te tengo que llevar por obligación'», cuenta Ferrer y agrega que la subieron en un carro lleno de gente para trasladarla al lado colombiano de la frontera.
El caso de Ferrer no es el único en el Albergue Número 3. Allí se resguardan otras 93 mujeres, la mayoría de ellas madres de familia, y 181 menores de edad entre los 0 y los 10 años, según cifras entregadas a CNN por los coordinadores de ese refugio.
Otro caso es el de Alexandra Mogollón, una venezolana madre de tres hijos y a quien también le tocó migrar por tener lazos colombianos.
«Vine caminando desde San Antonio hasta el puente [Simón Bolívar], con mi hijo en brazos», cuenta Mogollón cansada, luego de su primera noche en el albergue.
«Ellos [la GNB y el gobierno de Venezuela] tomaron la decisión equivocada. No tuvieron que haber deportado a mi familia porque mi esposo es colombiano pero tiene familia venezolana», afirma Mogollón mientras carga a su hijo de 5 meses, que pudo tener algo de comer gracias a la labor humanitaria de la Cruz Roja y la Unidad de Protección que ofrecen alimentación a los refugiados por la crisis.
«Nos sacaron por ser colombianos»
«Cuando nos sacaron nos dijeron que éramos colombianos, que éramos paramilitares; que no debíamos hacer nada allá [en Venezuela] porque esa no es tierra de nosotros», explicó Carvajal.
La mujer dijo que se fue a ese país hace seis meses para empezar una nueva vida. Pidió un préstamo de unos 2000 dólares para comprar una tierra en el sector fronterizo y hoy está sin casa y sin nada. Ella coincide con otras mujeres con las que habló CNN que dijeron que se fueron a Venezuela porque el costo de vida en Colombia es muy alto y allá es más barato.
«Quedé absolutamente sin nada. Me derribaron la casa, me dejaron sólo los escombros. Mis enseres se perdieron. Lo único que pude recuperar fueron las láminas de zinc porque no las había puesto», dijo.
«Me parece una injusticia», sentencia la mujer de 41 años mientras le ayuda a otro desplazado a bajar el trasteo de un camión de la policía.
Desplazados en la frontera
El sector conocido como ‘La Playita’ ha sido protagonista en los últimos días del éxodo masivo de colombianos que llegan a su tierra desde Venezuela.
En este paso fronterizo ilegal, donde la gente atraviesa el río Táchira, el panorama es desolador: un sinnúmero de personas permanece en los caminos empedrados con sus pertenencias sin saber hacia dónde ir.
«Estamos esperando a ver qué sucede», le dijo a CNN una familia que hizo un campamento improvisado con sus enseres cerca de la orilla del río.
Quienes tienen suerte han logrado transportar sus pertenencias en camiones que tanto la Policía como el Ejército han dispuesto para este fin, pero al final tienen que dejarlos en la calle o en las trochas, porque no tienen a dónde ir.
Muchos otros cargan a cuestas sus casas y sus vidas, pero tampoco tienen rumbo.
Mientras que policías y soldados colombianos ayudan con los trasteos masivos, los integrantes de la GNB vigilan las laderas del río «sin mover un dedo», según relató a este medio uno de los desplazados del lugar.
Muchos habitantes de la frontera esperan la nueva orden para reunirse con sus familiares.
En barrios de invasión en San Antonio del Táchira, Laura Castellanos de CNN confirmó que hay casas marcadas: con unaR, las casas revisadas, y con una D, las que presuntamente van a demoler.
Denuncian maltrato
En el puesto de migración del puente internacional Simón Bolivar, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha recibido varias denuncias contra las autoridades venezolanas.
CNN conoció que durante el tiempo de esta crisis fueron interpuestas 500 denuncias por parte de los deportados.
– 25% de ellas por agresión física y verbal por parte de integrantes de la Guardia Nacional
– 25% por desintegración familiar
– 12% de las quejas tienen que ver con la destrucción de las viviendas
– 9% por hurto y despojo durante el desalojo
– 7% con retención de documentos
– 6% con casos de privación de la libertad
Sobre estas denuncias, la Defensoría de Pueblo de Colombia no ha explicado qué va a hacer con ellas. El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre ellas.
Los desplazados y autoridades colombianas esperan las conclusiones de la reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela, que se desarrolla en la tarde del miércoles, para tener una solución a la difícil situación que se vive en la frontera
