Legisladores del fronterizo estado venezolano de Táchira denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar parte del paso occidental y decretar el estado de excepción en seis municipios de la zona, que colinda con Colombia, informó hoy la oposición de Venezuela.
La plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicó en un comunicado que la Asociación de Legisladores del Táchira (Asolegista), que integran opositores de esa entidad, denunciará “en los próximos días” ante el CPI “el cierre indefinido de frontera, la declaratoria de estado de excepción y las deportaciones masivas de colombianos”.
El texto recoge unas declaraciones del diputado Walter Márquez en las que revela que Asolegista ya ha comenzado el proceso de documentación “de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas militares y policiales en la frontera”, unas pruebas para las que solicitarán la colaboración de las autoridades colombianas.
Márquez informó de que la asociación activará comités de Derechos Humanos en los seis municipios fronterizos donde el presidente Maduro decretó el estado de excepción alegando una lucha contra el contrabando, supuestos paramilitares y el hampa.
En opinión del diputado, este decreto “viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Maduro ordenó el cierre el pasado miércoles de 100 de los más de 2.000 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia tras el ataque de supuestos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos y dos días después decretó el estado de excepción en la zona.
Ese mismo día amplió de forma indefinida la clausura del paso occidental y desde entonces han sido deportados más de mil colombianos que residían de manera ilegal cerca de la zona fronteriza mientras que otros miles optaron por abandonar el país voluntariamente.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Europea han mostrado su preocupación ante la situación en esta frontera y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas denunciados por los colombianos que de forma voluntaria u obligada abandonaron Venezuela.
Ante la problemática fronteriza las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y su par de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron ayer en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias (norte), un encuentro en el que no llegaron a un acuerdo sobre la reapertura del paso fronterizo pero sí en cuanto a la lucha contra el contrabando, entre otros.
Legisladores del fronterizo estado venezolano de Táchira denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar parte del paso occidental y decretar el estado de excepción en seis municipios de la zona, que colinda con Colombia, informó hoy la oposición de Venezuela.
La plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicó en un comunicado que la Asociación de Legisladores del Táchira (Asolegista), que integran opositores de esa entidad, denunciará “en los próximos días” ante el CPI “el cierre indefinido de frontera, la declaratoria de estado de excepción y las deportaciones masivas de colombianos”.
El texto recoge unas declaraciones del diputado Walter Márquez en las que revela que Asolegista ya ha comenzado el proceso de documentación “de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas militares y policiales en la frontera”, unas pruebas para las que solicitarán la colaboración de las autoridades colombianas.
Márquez informó de que la asociación activará comités de Derechos Humanos en los seis municipios fronterizos donde el presidente Maduro decretó el estado de excepción alegando una lucha contra el contrabando, supuestos paramilitares y el hampa.
En opinión del diputado, este decreto “viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Maduro ordenó el cierre el pasado miércoles de 100 de los más de 2.000 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia tras el ataque de supuestos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos y dos días después decretó el estado de excepción en la zona.
Ese mismo día amplió de forma indefinida la clausura del paso occidental y desde entonces han sido deportados más de mil colombianos que residían de manera ilegal cerca de la zona fronteriza mientras que otros miles optaron por abandonar el país voluntariamente.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Europea han mostrado su preocupación ante la situación en esta frontera y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas denunciados por los colombianos que de forma voluntaria u obligada abandonaron Venezuela.
Ante la problemática fronteriza las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y su par de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron ayer en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias (norte), un encuentro en el que no llegaron a un acuerdo sobre la reapertura del paso fronterizo pero sí en cuanto a la lucha contra el contrabando, entre otros.
