Parientes de los reos que resultaron heridos en el enfrentamiento del pasado domingo, esperan la autorización para que los internos permanezcan en los hospitales, ya que muchos al ser operados son enviados al penal
Unos 32 parientes de reos de Yare I, que se apostaron en la mañana de ayer a las puertas del Circuito Judicial Penal, extensión Valles del Tuy, denunciaron sentirse “atados de pies y manos” en la tramitación de procesos legales para obtener la libertad y los beneficios procesales de sus privados de libertad, pues desde hace dos semanas no son atendidos por la Dra., Marta Elena Céspedes Hernández, Juez Segunda de Ejecución, quien lleva sus causas.
Erika Paredes y Alis Aponte, en representación de quienes allí se encontraban, indicaron que algunos familiares buscaban autorización para que los presos que resultaron heridos y mutilados durante el enfrentamiento del domingo en Yare I, permanecieran en los centros asistenciales, ya que después de ser intervenidos quirúrgicamente eran llevados de inmediato al recinto carcelario, sin considerar los riesgos de infección que puedan correr y las limitaciones que tendrán para cumplir con el tratamiento médico indicado para su recuperación.
“Para desesperación de algunas madres que estaban viviendo esta situación, se les notificó que el abogado tenía que hacer la solicitud por escrito. ¡Por Dios!, para la fecha que se cumpla con ese requisito y sea recibido por la Juez que nunca está, ya el paciente ha sido trasladado a su penal y hasta quizás haya muerto”, indicaron las afectadas en medio de una gran angustia.
En todos los trámites
Denunciaron asimismo que desde el pasado mes de noviembre, los retardos procesales se manifiestan en todos los trámites que realizan, como en la aplicación de los exámenes psico-sociales, para optar a algún beneficio, los cuales caducan antes de ser utilizados, porque siempre les consiguen algún detalle para rechazarlos. “Igual pasa con quienes tienen sus documentos listos para salir en libertad y les echan para atrás su aprobación; prácticamente están presos porque ellos quieren”, relataron las declarantes.
¿Quién da la cara?
Señalaron igualmente que quien les da la cara es la secretaria de la juez Céspedes, María Castro, “y ella no tiene autoridad para aprobar ningún documento, lo que indica que no tenemos a dónde acudir en busca de una solución y mientras tanto nuestros presos continúan desasistidos legalmente y sin esperanzas de recibir ningún beneficio, salir en libertad o ser devueltos a sus penales de origen considerando que muchos han sido trasladados las cárceles de Santa Ana, Tocorón, San Juan y Mérida”, comentaron.
Las informantes solicitaron verificar los expedientes de los casos especiales, como por ejemplo los heridos durante el enfrentamiento que deben recibir asistencia médica estricta y se atiendan los requerimientos legales de la población penal, “inclusive hay presos que han cumplido casi la totalidad de las condenas y aún no han salido en libertad”, dijeron las informantes.
Esperanzados
Los familiares de los presos de Yare y los que fueron trasladados a Tocorón, San Juan, Santa Ana y Mérida, aspiran que para este jueves si puedan ser atendidos por la Juez Segunda de Ejecución. “Sabemos que los tribunales no entrarán en vacaciones y aspiramos que disminuyan los retardos procesales”, dijeron.
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