El alcalde de la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, anunció hoy que interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la crisis humanitaria generada en la frontera común.
“Este martes estaré en Washington interponiendo denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Maduro”, escribió el mandatario local en su cuenta de Twitter.
Desde hace nueve días, más de 1.100 colombianos que vivían en Venezuela han sido deportados y más de 4.200 han abandonado sus hogares por senderos clandestinos por temor a ser expulsados, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La mayoría de esos deportados llegó a Cúcuta, ciudad que conecta con las venezolanas de San Antonio y Ureña por medio del puente internacional Simón Bolívar, cerrado desde la medianoche del miércoles 19 por Maduro en una campaña contra contrabandistas y supuestos paramilitares en el estado Táchira.
El anuncio de Ramírez Lobo de acudir a la Cidh va en la línea del oficialista Partido de la U, al que pertenece el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que decidió por unanimidad ayer “demandar” también al mandatario venezolano ante este mismo organismo internacional.
Igualmente, el principal partido de la oposición, el Centro Democrático (CD), liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, solicitó este miércoles “medidas cautelares” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los colombianos deportados de Venezuela.
La Comisión y la Corte son los órganos judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya misión es salvaguardar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigor el 18 de julio de 1978.
Colombia y Venezuela son signatarios de esta Convención, países que se suman a las otras 23 naciones americanas que han ratificado este acuerdo.
La sede de la Comisión está en Washington, mientras que la Corte se encuentra en San José de Costa Rica, está compuesta de siete jueces y su presidente es el colombiano Humberto Antonio Sierra.
El alcalde de la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, anunció hoy que interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la crisis humanitaria generada en la frontera común.
“Este martes estaré en Washington interponiendo denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Maduro”, escribió el mandatario local en su cuenta de Twitter.
Desde hace nueve días, más de 1.100 colombianos que vivían en Venezuela han sido deportados y más de 4.200 han abandonado sus hogares por senderos clandestinos por temor a ser expulsados, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La mayoría de esos deportados llegó a Cúcuta, ciudad que conecta con las venezolanas de San Antonio y Ureña por medio del puente internacional Simón Bolívar, cerrado desde la medianoche del miércoles 19 por Maduro en una campaña contra contrabandistas y supuestos paramilitares en el estado Táchira.
El anuncio de Ramírez Lobo de acudir a la Cidh va en la línea del oficialista Partido de la U, al que pertenece el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que decidió por unanimidad ayer “demandar” también al mandatario venezolano ante este mismo organismo internacional.
Igualmente, el principal partido de la oposición, el Centro Democrático (CD), liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, solicitó este miércoles “medidas cautelares” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los colombianos deportados de Venezuela.
La Comisión y la Corte son los órganos judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya misión es salvaguardar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigor el 18 de julio de 1978.
Colombia y Venezuela son signatarios de esta Convención, países que se suman a las otras 23 naciones americanas que han ratificado este acuerdo.
La sede de la Comisión está en Washington, mientras que la Corte se encuentra en San José de Costa Rica, está compuesta de siete jueces y su presidente es el colombiano Humberto Antonio Sierra.
