El Ministerio Público logró privativa de libertad para los oficiales de la Policía de Aragua, Leandro Hernández (35), Osmar Ochoa (32), Yervis Deloza (27) y William Izarra (23), por presuntamente solicitar una alta suma de dinero a los familiares de una persona con arresto domiciliario, a cambio de no implicarlo en un caso de drogas.
El hecho ocurrió la tarde del 21 de agosto en la residencia del hombre, ubicada en barrio 23 de Enero, municipio Girardot del estado Aragua.
Durante la audiencia de presentación, los fiscales 21º y auxiliar de esa jurisdicción, Rolando García y José Arreaza, respectivamente, imputaron a los oficiales por la presunta comisión de los delitos de concusión, peculado de uso, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, así como lesiones personales y agavillamiento.
Estos tipos penales están tipificados en el Código Penal y en la Ley contra la Corrupción, que en su artículo 62 establece: “El funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del beneficio recibido o prometido”
Luego de analizados los elementos de convicción presentados y ante la solicitud de los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 9º de Control de Aragua acordó la medida privativa de libertad contra los cuatro hombres, quienes se mantienen en la estación policial José Félix Ribas, en Maracay.
La tarde del referido día los funcionarios de ese cuerpo de seguridad se habrían presentado arbitrariamente en la residencia de la víctima, quien mantiene una medida cautelar consistente en arresto domiciliario por estar incurso en un procedimiento penal, y sin mediar palabras lo trasladaron a la Comisaría de Santa Rosa, en el municipio Girardot.
Seguidamente, habrían contactado a familiares del hombre a fin de exigirles la suma de 300 mil bolívares para no involucrarlo en un caso de drogas. Horas después, los hoy imputados recibieron una parte de la suma de dinero acordada y soltaron al hombre, tras haberlo golpeado en reiteradas oportunidades.
Ese mismo día, un familiar denunció la situación ante el Ministerio Público. A partir de ese momento, los fiscales del caso coordinaron la práctica de varias diligencias de investigación y se logró determinar la presunta vinculación de los oficiales con lo ocurrido.
El 26 de agosto, Izarra, Hernández, Ochoa y Deloza fueron capturados en Maracay por efectivos de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía de Aragua, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordada por la mencionada instancia judicial.
El hecho ocurrió la tarde del 21 de agosto en la residencia del hombre, ubicada en barrio 23 de Enero, municipio Girardot del estado Aragua.
Durante la audiencia de presentación, los fiscales 21º y auxiliar de esa jurisdicción, Rolando García y José Arreaza, respectivamente, imputaron a los oficiales por la presunta comisión de los delitos de concusión, peculado de uso, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, así como lesiones personales y agavillamiento.
Estos tipos penales están tipificados en el Código Penal y en la Ley contra la Corrupción, que en su artículo 62 establece: “El funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del beneficio recibido o prometido”
Luego de analizados los elementos de convicción presentados y ante la solicitud de los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 9º de Control de Aragua acordó la medida privativa de libertad contra los cuatro hombres, quienes se mantienen en la estación policial José Félix Ribas, en Maracay.
La tarde del referido día los funcionarios de ese cuerpo de seguridad se habrían presentado arbitrariamente en la residencia de la víctima, quien mantiene una medida cautelar consistente en arresto domiciliario por estar incurso en un procedimiento penal, y sin mediar palabras lo trasladaron a la Comisaría de Santa Rosa, en el municipio Girardot.
Seguidamente, habrían contactado a familiares del hombre a fin de exigirles la suma de 300 mil bolívares para no involucrarlo en un caso de drogas. Horas después, los hoy imputados recibieron una parte de la suma de dinero acordada y soltaron al hombre, tras haberlo golpeado en reiteradas oportunidades.
Ese mismo día, un familiar denunció la situación ante el Ministerio Público. A partir de ese momento, los fiscales del caso coordinaron la práctica de varias diligencias de investigación y se logró determinar la presunta vinculación de los oficiales con lo ocurrido.
El 26 de agosto, Izarra, Hernández, Ochoa y Deloza fueron capturados en Maracay por efectivos de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía de Aragua, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordada por la mencionada instancia judicial.
