Luis Fuenmayor Toro
Según el presidente Maduro, en Venezuela hay unos 6 millones de colombianos, lo que significa el 20 por ciento de nuestra población. Posiblemente, ningún otro país en el mundo tiene una proporción de extranjeros tan grande viviendo en su territorio y, mucho menos, en condiciones de ilegalidad. Los latinos en EEUU están muy lejos de acercarse a este porcentaje; en Europa tampoco ocurre, a pesar de la constante llegada de africanos y asiáticos. No incluyo los emigrantes que viven en campos de concentración, pues ellos no están en las condiciones de libertad de los nacionales de los países donde se encuentran.
El asunto es difícil de tratar y nadie quiere hacerlo, pues se mezclan variadas consideraciones ideológicas, políticas, económicas y sobre todo humanas. Sin embargo, hay que comenzar a afrontarlo seriamente, pues no se lo puede dejar en mano de Maduro y su camarilla, interesados sólo en medidas efectistas que los hagan recuperar las simpatías perdidas. Tampoco se lo puede dejar a la MUD, pues son responsables en parte de la situación existente, ya que ésta no se inició en 1999 sino mucho antes, y el tratamiento que le dan es también politiquero y electoral, sin pensar en los intereses y seguridad de la patria.
Lo primero a señalar es que el gran número de nacionales colombianos en Venezuela posibilita indeseadas intervenciones del gobierno de Colombia en nuestros asuntos internos. La denuncia de nuestros gobernantes por el Procurador colombiano ante la Corte Internacional es una desagradable muestra de lo afirmado. Maduro, por otra parte, debe entender que los problemas fronterizos, el contrabando entre ellos, no se resuelven con la farisaica Operación para la Liberación del Pueblo, la cual ni libera ni mucho menos está dirigida al pueblo.
El tratamiento demagógico electoral de los problemas fronterizos le hace un pésimo servicio a nuestro país. Todo el mundo sabe que los militares son parte estructural del contrabando de bienes venezolanos subsidiados y de la gasolina, por lo que resulta ridículo que sean ellos quienes instrumenten el cierre de la frontera a los contrabandistas. Los reales afectados son personas de bien, mujeres y niños, tanto venezolanos como colombianos, que deben cruzar diariamente de uno a otro país por razones laborales, familiares, de salud o comerciales.
El estado de excepción, por otra parte, afecta negativamente a todos los habitantes, pues paraliza y entorpece sus actividades rutinarias y los hace víctimas de la violencia, que caracteriza a la acción militar. Crea además una situación riesgosa por ser un gobierno represivo, autoritario, corrupto y tener una desmedida ambición de poder. Es urgente que académicos y estudiosos, que quieran a su país, aborden seriamente el problema y aporten soluciones al caso.
