Esta práctica mafiosa es conocida por el Indepabis, pero éste organismo no ha tomado medidas para que los consumidores no sigan siendo estafados
Si usted está buscando un carro o un vehículo de carga, bien sea camión o camioneta en Venezuela, no lo conseguirá jamás, a menos que pague exageradas cantidades de sobreprecio, las cuales son cobradas por la generalidad de los concesionarios que se dedican a este tipo de actividad comercial.
Cuando usted vista a un concesionario, el vendedor lo ve con mirada displicente y al preguntar si tienen vehículos para la venta, le contestan con una sonrisa burlona,”no hay, pero si quiere anotarse en una lista lo podemos incluir”, esto por supuesto si usted acepta pagar por “debajo de la mesa” entre 30 mil y 100 mil bolívares según sea el caso.
Y de paso debe dar las gracias por permitir que lo estafen y de esta manera acceder a un vehículo, bien sea para su confort personal o para su trabajo.
Esta práctica mafiosa es ampliamente conocida por el Indepabis, organismo encargado de velar por los intereses de los consumidores y es que a diario ha sido denunciada sin que el el Estado venezolano tome medidas para reprimir esta práctica ilegal.
Como si fuera poco los sindicatos que operan en las plantas ensambladoras del país forman parte de “la gran estafa” porque según los contratos colectivos, ellos deben recibir en venta una unidad al año para cada trabajador y estas unidades son colocadas en el mercado negro de vehículos nuevos que opera en el país, previo el pago del sobreprecio correspondiente.
Es una maraña de sobornos y corrupción que impide el libre mercado de vehículos nuevos en el país y que ha dado al mercado de supuestos carros usados la posibilidad de que estos sean vendidos a precios exageradamente altos.
De la misma manera el mercado de carros auténticamente usados, también se ha movido de forma notable hacia arriba.
Esta práctica podría ser combatida si el Gobierno autoriza libremente la importación de vehículos, cobrando por supuesto impuestos razonables y acabando con esta situación que afecta a los consumidores venezolanos.