Con los asesinatos de 245 efectivos policiales entre 2014 y lo que transcurre de 2015 ocurridos en la Gran Caracas han quedado desprotegidos más de 61 mil 250 habitantes. La cifra corresponde a estándares internacionales que indican que por cada mil habitantes debe haber cuatro uniformados.
En este sentido el comisario general Elisio Guzmán, director presidente de la Policía de Miranda, manifestó que durante el año han sido asesinados 113 funcionarios en la Gran Caracas, a manos de la delincuencia, lo cual tiene un gran impacto para la sociedad, debido a que los efectivos son los que están a diario en las calles, coartando las acciones delictivas y protegiendo a la ciudadanía, pese a que se han vuelto un blanco de las bandas armadas, que los asesinan y les quitan sus armas para ganar prestigio criminal.
“Cada funcionario que muere deja un inmenso vacío en su hogar, en las instituciones y en especial en la sociedad, la cual desde el momento de su partida comienza a extrañarlos, porque son ellos quienes sin súper poderes, en gran desventaja de armamento con el enemigo y con la creciente fuga de talento humano de las filas de todos organismos de seguridad, se arman de coraje, de espíritu de justicia y de pasión por el bien común para salir a diario a la dura batalla que se libra contra la delincuencia. Cada vez es más heroico el rol de los policías”, enfatizó.
Hasta la fecha han ocurrido 5 asesinatos más de funcionarios que en el 2014, año que cerró con la pérdida de 132 efectivos a manos de la violencia. Resaltó que el mes en el que hubo más ensañamiento contra los diferentes cuerpos de seguridad fue en abril de 2015, cuando se registró un total de 17 muertes de efectivos y que el cuerpo de seguridad que preside ha sufrido la baja de seis oficiales en lo que va de año.
Para Guzmán, es alarmante que ante la alta mortalidad de uniformados y de ciudadanos a manos de la delincuencia pase desapercibido el luto que debería existir por la pérdida de una persona o de un policía y en este sentido considera que el ejecutivo nacional debería condolerse con mayor auge ante estos crímenes, pero en contraste a ello no ejecuta planes de seguridad eficientes, ni cuenta con un sistema de justicia que dé sanciones y correctivos adecuados para quienes violan la ley.
“La impunidad termina siendo la gestora de todos los asesinatos y actúa acechada por la ineficiencia del gobierno central en la dotación de suficientes patrullas, armas orgánicas, incentivos económicos. A la par de esa cruda realidad, detrás del uniforme, los funcionarios siguen haciendo y siendo la diferencia para impedir que la delincuencia se lleve la victoria”, concluyó.
