La Corte Suprema de Chile acogió hoy un recurso de protección a favor del líder opositor Leopoldo López y del exalcalde Daniel Ceballos e instó al Gobierno chileno a pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que visite a los opositores para constatar su estado de salud.
Según informaron fuentes judiciales, la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había desestimado el recurso, y resolvió acoger la medida para resguardar la vida de los opositores venezolanos que presentaron dos ciudadanos chilenos en mayo pasado.
El alto tribunal resolvió que, a través del Gobierno chileno, se pida a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que se presente en la cárcel venezolana donde López cumple condena y al domicilio de Ceballos, que tiene arresto domiciliario, para constatar «el estado de salud y de privación de libertad de ambos protegidos».
López fue condenado a 14 años de prisión por la violencia en las protestas de 2014, y Ceballos, exalcalde de San Cristóbal (oeste), está acusado de delitos contra el Gobierno.
Según el fallo de la Corte chilena, la misión de la OEA debe recoger sus impresiones y elaborar un informe para la Asamblea General del organismo para que esta «adopte todas las medidas aconsejables para la adecuada protección de sus derechos esenciales», añadió la resolución.
El tribunal chileno consideró que en los casos de López y Ceballos se encuentran «todos los requisitos exigibles para que actúe la jurisdicción universal protectora de los derechos humanos», dado que los tribunales de Venezuela no están actuando «con suficiencia» para proteger los derechos de los dos opositores.
Además acusó a los tribunales venezolanos de proceder con «cierta connivencia con los propósitos políticos» del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El recurso de protección inicial fue presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 25 de mayo pasado, cuando López y Ceballos estaban detenidos en dos cárceles venezolanas y habían iniciado una huelga de hambre para pedir la liberación de los «presos políticos» en el país caribeño.
En una primera etapa, la Corte de Apelaciones de Valparaíso se declaró incompetente en el caso y argumentó que solo podía pronunciarse si los hechos denunciados ocurrían dentro de su jurisdicción.
Los recurrentes acudieron entonces a la Corte Suprema, que el 6 de julio pasado consideró que el argumento esgrimido por la Corte de Valparaíso no era válido y ordenó la tramitación del recurso de protección, aunque el tribunal lo denegó de nuevo.
Finalmente, la Corte Suprema lo aceptó en un fallo dividido de la tercera sala del alto tribunal con tres votos a favor y dos en contra. EFE
