Exjueces y juristas exigen transparencia en proceso de selección
El Comité de Postulaciones del Parlamento advirtió que se verificará que cada postulado a juez para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) demuestre que ha cursado un posgrado en materia jurídica y ejercido la abogacía y la docencia universitaria durante un mínimo de 15 años
El Comité de Postulaciones del Parlamento unicameral impugnará la próxima semana a los 382 aspirantes a jueces para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por sospechas de ser abogados afines al Gobierno de Nicolás Maduro y para determinar si cumplen con los requisitos constitucionales.
«Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución», citó la agencia de noticias EFE a René Molina, ex inspector general de tribunales.
La impugnación será formalizada la próxima semana por exjueces y juristas vinculados a la oposición a Maduro, quienes exigen que sea revisada públicamente la hoja de vida de cada candidato para determinar si cumple con los requisitos constitucionales.
Advirtieron que la impugnación reclamará que cada postulado demuestre que ha cursado un posgrado en materia jurídica y ejercido la abogacía y la docencia universitaria durante un mínimo de 15 años, entre otros requisitos constitucionales previstos.
«La impugnación vence el 24 de diciembre», aseguró Molina, «hablamos de un proceso que se extenderá hasta después del 15 de enero. No hay posibilidad de que nombren a los magistrados el 23 de diciembre. Tienen que acatar y los magistrados tienen que ser aprobados por la nueva Asamblea», remarcó.
Asimismo, el exmagistrado Jorge Rosell indicó que el proceso de postulaciones debe repetirse «porque la independencia judicial es la base del sistema democrático y un TSJ seleccionado a discreción por la bancada del oficialismo de la actual Asamblea Nacional solamente buscaría bloquear las decisiones del nuevo Parlamento», citó a Rosell la agencia de noticias EFE.
FOTO TSJ-1
La Asamblea Nacional saliente espera nombrar magistrados antes del 24 de diciembre
