El secretario de la Asamblea Nacional, Fidel Vásquez, envió a los diputados las convocatorias, cada una con una «orden del día» que detalla que el martes 22 se celebrarán dos sesiones y otras dos al día siguiente
La mayoría parlamentaria afín al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que cesará funciones el 4 de enero para que al día siguiente asuma una mayoría opositora, convocó a cuatro sesiones extraordinarias el martes y miércoles próximo para nombrar a jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, estas cuatro sesiones designarán a nuevos magistrados del Supremo, algo que la mayoría opositora esperaba definir, reseñó la agencia EFE.
Las convocatorias a los diputados en las postrimerías de sus mandatos se conocen un día después de que un grupo de exjueces y juristas vinculados a la oposición anunciaron que los 382 aspirantes a jueces serán impugnados ante el Comité de Postulaciones del Parlamento unicameral.
«Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución», anunció René Molina, ex inspector general de tribunales.
La impugnación busca que sea revisada públicamente la hoja de vida de cada candidato para determinar si cumple con los requisitos constitucionales, entre ellos que cada uno demuestre que ha cursado un posgrado en materia jurídica y ejercido la abogacía y la docencia universitaria durante un mínimo de 15 años.
La impugnación también alcanzará al procedimiento de selección en marcha que, asimismo, el grupo de exjuristas considera viciado.
La exjueza del Supremo Blanca Rosa Mármol de León acusó al oficialismo de «atropello a la Constitución al pretender designar de forma violenta» a nuevos magistrados, algo en lo que coincidió el también exmagistrado Jorge Rosell.
Todo el proceso de postulaciones debe repetirse «porque la independencia judicial es la base del sistema democrático y un TSJ seleccionado a discreción por la bancada del oficialismo de la actual Asamblea Nacional solamente buscaría bloquear las decisiones del nuevo Parlamento» opositor, apuntó Rosell.
«El Ejecutivo podría alegar inconstitucionalidad de ciertas leyes para que sean revisadas por la Sala Constitucional (del TSJ, supuestamente oficialista) y así se daría un bloqueo absoluto de las facultades del Parlamento», que desde el 5 de enero de 2016 será controlado por la oposición, remató.