Caracas.- El parlamento venezolano, controlado por la oposición, definía este martes su respuesta al fallo judicial que lo dejó contra las cuerdas, al anular todas sus decisiones por haber incorporado a tres diputados impugnados.
Tras verificar el quorum dos veces, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, canceló la sesión de este martes y la convocó para el miércoles a las 10H30 locales (15H00 GMT), cuando -según anunció- la oposición hará un «pronunciamiento de fondo» sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«No hubo quorum, no hubo presencia ni de la bancada de la oposición ni de la bancada del gobierno. Mañana daremos cuenta de la decisión de la Asamblea», declaró Ramos Allup, acosado por la prensa en el palacio legislativo, en cuyas afueras protestaba un grupo de simpatizantes del oficialismo.
Al salir de un casi vacío hemiciclo, donde sólo se pudo observar a unos cuatro legisladores opositores, Ramos Allup no explicó la razón por la que los opositores se ausentaron y se limitó a insistir en que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estudiará este martes su postura.
El TSJ, según la oposición alineado con el gobierno, declaró el lunes nulos todos los actos del nuevo Parlamento mientras sigan incorporados tres diputados opositores del estado de Amazonas, cuya elección fue suspendida temporalmente por ese órgano a fines de diciembre al admitir una impugnación presentada por el partido de gobierno.
La corte también consideró en desacato a la directiva opositora de la cámara, que, desafiante juramentó a los tres legisladores y reivindicó así su mayoría de dos tercios (112 de 167 curules).
Esa supremacía da a la MUD amplias facultades para avanzar en su agenda, centrada en la búsqueda de una vía legal para cambiar al gobierno, la amnistía para presos políticos y reformas económicas.
¿Y ahora qué?
Mientras la oposición decide qué hacer, corre el tiempo para que el presidente Nicolás Maduro presente, según la Constitución a más tardar el próximo viernes 15 de enero, su informe anual de labores ante el Parlamento.
Según Ramos Allup, el martes la seguridad presidencial coordinó con la Asamblea lo relacionado con la comparecencia de Maduro. Pero el oficialismo planteó la posibilidad de que el mandatario no rinda su informe ante los congresistas, sino en el TSJ.
El diputado y segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, anunció que el bloque socialista elevará este martes una consulta al TSJ para que determine si su Sala Constitucional puede legislar en sustitución de la Asamblea mientras se mantenga el «desacato».
«Una vez que ellos acaten, el presidente tomará la decisión, tiene que prevalecer la sensatez», declaró la esposa de Maduro y diputada Cilia Flores, quien según observaron periodistas de la AFP se reunió informalmente con Ramos Allup y otros legisladores.
Maduro tenía previsto presentar este martes al Parlamento un decreto de emergencia para encarar la grave crisis económica del país, reflejada en una inflación superior al 200% -según cálculos privados- y una severa escasez de productos básicos que provoca largas filas en los supermercados.
No obstante, Cabello había adelantado que el presidente desistiría de someter su plan económico a la Asamblea, si la mayoría opositora persiste en ignorar la decisión del TSJ.
A la misma hora en que estaba convocada la sesión de este martes, la minoritaria bancada oficialista denunciaba en conferencia de prensa, en un teatro frente al Palacio Legislativo, supuestos delitos electorales, como compra de votos, según ellos cometidos en la elección de Amazonas.
«Nada de esto es sorpresa, el gobierno iba a buscar cualquier excusa, usar el control que tienen del TSJ para ir cercando las posibilidad de avance de la Asamblea, pero también la oposición debe jerarquizar y concentrarse en resolver la economía porque Venezuela está rodando por el barranco», opinó el analista Luis Vicente León.
Por su parte, el politólogo Ricardo Sucre sostiene que el choque de poderes obedece a un «reacomodo de fuerzas» tras perder el chavismo la hegemonía que mantuvo por 17 años, y dijo confiar en que el enfrentamiento lleve a «fijar reglas» para un diálogo.
