La Fiscalía venezolana informó este martes de que desconocidos lanzaron anoche dos granadas al patio de una cárcel de Maracay, capital del céntrico estado de Aragua, vecino a Caracas, una de las cuales mató a un recluso e hirió a otros veinte, reseñó la agencia Efe.
La explosión en el patio central produjo «la muerte de manera instantánea de uno de los privados de libertad, mientras otros 20 resultaron lesionados, tres de ellos con heridas graves», precisó la fuente oficial en un comunicado.
El ataque se produjo aproximadamente a las 20.00 hora local (00.30 GMT del martes), cuando los presos se preparaban para regresar a sus celdas.
La segunda granada «cayó en el techo» del penal sin causar víctimas, añadió el Ministerio Público.
Medios de prensa de Maracay aseguraron que el fallecido lideraba un grupo de reclusos, conocidos en Venezuela como «pranes», enemistado con otro que asimismo busca el control del penal.
Estos «líderes negativos», como los llama la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, buscan mantener el control delictivo de los presidios e incluso comandan desde sus celdas bandas del hampa que siguen operativas tras el encarcelamiento de sus cabecillas.
Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las disputas entre reos, principalmente, provocaron la muerte de 309 reclusos en 2014.
El balance, no contrastado con cifras oficiales, debido a que el Ministerio del Servicio Penitenciario no ofrece información al respecto, marcó un drástico descenso en comparación a los 506 presos que, según el OVP, murieron en la treintena de cárceles del país en 2013 (591 en 2012 y 560 en 2011).
Esta ONG sostiene que el hacinamiento fue del 170 por ciento en 2014, cuando la población penitenciaria era de 51.256 personas y las cárceles tenían capacidad para albergar a solo 19.000.
La ministra del Servicio Penitenciario dijo el 20 de diciembre pasado que durante 2016 prácticamente la totalidad de los presos del país estará bajo «el humanitario» régimen oficial, que incluye desde evaluaciones disciplinarias hasta controles periódicos de desarme.
Varela estimó entonces que en 2016 se estará «muy cerca del 100 por ciento» de la población reclusa acatando las normas de este régimen «y toda esta historia de terror en los recintos penitenciarios debe formar parte de un pasado que no puede volver».
Seis meses antes, Varela había admitido que un 90 por ciento de los presos se encontraba entonces bajo el régimen penitenciario oficial, que para el OVP es «un régimen militar» que incluye uniformes y obliga a los presos a marchar como soldados.
