El dirigente opositor universitario Nixon Moreno, asilado en Perú en 2009 y en Panamá en 2012, tras abandonar Venezuela al ser acusado de agresión sexual e intento de asesinato por una agente policial, reapareció hoy en la ciudad de Mérida.
Medios locales de Mérida y Caracas dieron cuenta de la reaparición pública del expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes (ULA).
Moreno optó por abandonar el país en 2009 después de haberse refugiado en la Nunciatura Apostólica en Caracas tras calificar de «persecución política» las acusaciones que presentó contra él una mujer policía durante unas manifestaciones antigubernamentales en 2006 por agresión sexual e intento de asesinato.
La agente policial Sofía Aguilar, supuestamente agredida por Moreno, confirmó las acusaciones contra este, quien las niega.
Moreno fue recibido por el diputado William Dávila en una asamblea de estudiantes celebrada este lunes en la ULA.
«Vamos a construir la paz y la reconciliación nacional, todos juntos», dijo Moreno en esa asamblea, que también dio cuenta de que el presidente de la Asociación de Profesores de la ULA, Virgilio Castillo, le expresó públicamente su apoyo.
«Me alegra el regreso de nuestra gente para continuar la lucha en pro de Venezuela», manifestó Castillo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró «procedente» el 21 de agosto de 2012 que la Cancillería pidiera a Panamá la extradición del dirigente opositor, quien en febrero de ese año recibió asilo en ese país centroamericano.
Moreno permaneció en calidad de «asilado diplomático» en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas desde marzo de 2007 hasta marzo de 2009, tras declararse perseguido por la revolución bolivariana.
Un mes después obtuvo estatus de refugiado en Perú, país que abandonó al asumir el actual presidente, Ollanta Humala.
Además de los delitos de «homicidio intencional simple en grado de frustración» y «actos lascivos violentos y lesiones personales intencionales, genéricas y leves», el proceso penal contra Moreno incluye la acusación de «intimidación pública».
La causa penal iniciada en su contra en julio de 2006 fue paralizada al dejar el país, en virtud de que las leyes del país no permiten los juicios sin la presencia del imputado.
