“Lo ocurrido la madrugada del miércoles en la subdelegación del Cicpc en Coche, donde fueron asesinados tres detectives y se fugaron siete presos, es una advertencia que debe ser tomada en cuenta y el Estado debe tomar medidas urgentes antes que ocurran hechos peores”; dijo el comisario general Joel Rengifo, ex jefe de Antiextorsión y Secuestro de la policía científica.
Rengifo se pronunció dada la indiferencia que han mostrado las autoridades respecto a la matanza de policías y militares, ataques con armas largas y granadas contra sedes policiales, etc.
Señaló que al morir un policía en el cumplimiento del deber le hacen honores, lo ascienden post mortem y la familia queda desasistida.
-Cuando matan a un policía nos duele a nosotros y a sus familiares, dijo.
El funcionario Anderson Peroza Vera, asesinado el 29 de septiembre de 2014 durante un allanamiento en los Valles del Tuy, dejó viuda, tres hijos huérfanos y todavía el ministerio no ha emitido la resolución para que sus deudos puedan cobrar.
El hijo mayor abandonó los estudios universitarios porque no pueden pagar la mensualidad y viven en Puerto Ordaz con la ayuda del abuelo.
-Los despachos policiales no deben seguir siendo depósitos de presos, la mayoría de las oficinas ni siquiera tienen la estructura de instalación policial, como la subdelegación del estado Vargas que funciona donde estuvo una sala de cine, el Lamas.
La responsabilidad del hacinamiento corresponde al Ministerio del Servicio Penitenciario y “la ministra Varela debe ser destituida por incapaz”.
Rengifo laboró 31 años en el Cicpc, está jubilado desde 2008 y considera su deber pronunciarse ante la grave crisis que viven los cuerpos policiales.
-El gobierno le echa la culpa al paramilitarismo, paramilitares son los pranes que manejan el delito desde las cárceles.
Recientemente el gobierno adquirió unos equipos que permiten bloquear las llamadas por celulares desde las cárceles, y no ha sido instalado.
Hace falta una cárcel de máxima seguridad, como existe en Colombia, y un retén de prevención, donde permanezcan durante los 45 días que requiere la fiscalía para investigar.
En la funeraria Vallés fueron velados los detectives Franklin Ramírez, Yetsenia Dávila y Jesús Domínguez Sáez.
Domínguez estaba haciendo pasantías y este mes cobraría su primera quincena.
Era el menor de 7 hermanos, su hermano mayor Héctor Fuentes lo ayudaba con la manutención de sus dos hijos, de 2 y 3 años. Vivía en Yare y durante la semana laboral se quedaba en casa de una hermana en el Nuevo Circo.
La madre no quería que fuera policía, pero sus hermanos lo apoyaban.
