La ley, que tiene 30 años de antigüedad, lleva tiempo siendo objeto de críticas por parte de las compañías tecnológicas y los defensores de la privacidad
Microsoft Corp demandó al Gobierno de Estados Unidos por el derecho a comunicar a sus clientes cuándo una agencia federal está mirando sus correos electrónicos, en el último de una serie de enfrentamientos sobre la privacidad entre la industria de la tecnología y Washington.
La denuncia, presentada el miércoles en una corte federal de Washington, argumenta que el Ejecutivo está violando la Constitución de Estados Unidos al impedir que Microsoft notifique a miles de clientes sobre las solicitudes gubernamentales de sus correos electrónicos y otros documentos.
Estas acciones contravienen la Cuarta Enmienda, que establece el derecho de las personas y las empresas a saber si el Gobierno registra o incauta sus propiedades, según argumenta la demanda, así como la Primera Enmienda sobre libertad de expresión.
La denuncia de Microsoft se centra en el almacenamiento de datos en servidores remotos, en vez de hacerlo de modo local en los computadores de la gente, algo que, según Microsoft, abrió una nueva puerta para que el Gobierno acceda a datos electrónicos.
Gracias a la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, el Gobierno está dirigiendo cada vez más investigaciones en los sitios que almacenan datos en la denominada nube, afirmó Microsoft.
La ley, que tiene 30 años de antigüedad, lleva tiempo siendo objeto de críticas por parte de las compañías tecnológicas y los defensores de la privacidad, que aseguran que fue escrita antes del ascenso del internet comercial y está, por tanto, desfasada.
«La gente no abandona sus derechos cuando mueve su información privada desde un almacenamiento físico a la nube», señaló Microsoft en la demanda, una copia de la cual fue vista por Reuters. Asimismo, agregó que el gobierno «explotó la transición a la computación en nube como un medio para ampliar su poder para realizar investigaciones secretas».
En su demanda, Microsoft asegura que en los últimos 18 meses recibió 5.624 órdenes legales, de las cuales 2.576 tenían prohibido revelar que el gobierno está pidiendo datos de sus clientes a través de órdenes, citaciones y otras peticiones.
