Aún cuando desde ciertos sectores cobra cuerpo la necesidad de diálogo, para otros, pareciera haber llegado el momento del «cambio»
Sin lugar a dudas los sucesos de abril de 2002 constituyen un antes y un después en la vida democrática del país. Mientras la oposición evade los recuerdos, el gobierno año tras año bajo el lema «Prohibido olvidar» se empeña en ahondar la memoria histórica reciente.
Catorce años después, abril se inicia con diversos frentes de batalla abiertos que no se limitan al plano político. Y aún cuando desde ciertos sectores cobra cuerpo la necesidad de diálogo, para otros, pareciera haber llegado el momento del «cambio». El gobierno debe entonces asegurar la estabilidad política, confrontar y «luchar» sin descanso en diversos frentes, tanto nacionales como internacionales.
En una estrategia concertada se incrementa el cerco internacional contra el gobierno venezolano. Como antesala, la extensión del decreto Obama. Desde la OEA, su secretario general, Luis Almagro, «urge» aprobar la Ley de Amnistía, por considerar que es «clave para el fortalecimiento de la democracia y la reconciliación». La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, insta al Gobierno que libere a los presos políticos.
The Washington Post, en su editorial, asevera que «Venezuela está bajo una urgente necesidad de intervención política… por parte de sus vecinos, que cuentan con un mecanismo dispuesto en la Carta Interamericana Democrática de la Organización de Estados Americanos, un tratado que prevé una acción colectiva cuando un régimen viola las normas constitucionales”.
En el plano interno, se afirma que en el país hay una subversión del orden público, con los linchamientos como una de sus consecuencias y un Estado que no combate la delincuencia y, por ende, se convierte en cómplice.
Se concluye en la necesidad imperante de decretar un estado de conmoción interior. Instrumento de excepción que es adoptado cuando se presenta una grave perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y ponga seriamente en peligro la convivencia ciudadana.
El presidente Maduro afirma que está en marcha un plan de golpe. Llama a la unión cívico-militar, ordena al Estado Mayor Conjunto actualizar los planes de defensa ante las amenazas que se ciernen desde Washington sobre el país.
Un complicado abril amerita una lectura profunda.
Maryclen Stelling
aporrea.org
