Se han programado diferentes formas de intervención, entre las que resalta la “Ley de protección de los venezolanos” aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2014
Leopoldo Puchi
Durante décadas, de la OEA hicieron parte innumerables gobiernos dictatoriales, aliados de Estados Unidos en la Guerra Fría. Al terminar esta, Washington conviene en que ya no es necesario recurrir en la región a los denominados regímenes gorilas, lo que abre paso al compromiso, posteriormente consagrado en la Carta Democrática, de no aceptar en el hemisferio gobiernos impuestos por la fuerza. En función de ello, se establecieron acuerdos en torno a la democracia representativa y la participación ciudadana, y se crearon mecanismos de prevención y exclusión, de tal manera que los gobiernos que se sintieran amenazados pudieran recurrir a la OEA en busca de apoyo.
De forma simultánea a este proceso, han ido llegando fuerzas de izquierda al gobierno en varios países del continente, que en diferentes grados se han distanciado del viejo dispositivo geopolítico estadounidense y han desplazado a élites políticas y económicas locales. Algunos de estos gobiernos han tenido un buen desempeño en las políticas públicas, pero en muchos casos ha habido ineficiencia y mala gestión. Obviamente, el juicio sobre esta materia les corresponde a los ciudadanos de cada uno de esos países, dentro del esquema de consultas electorales establecido.
Ahora bien, en la compleja situación de la región, más allá de la sola evaluación del desempeño de la gestión de estos gobiernos, ha incidido de modo fundamental la reacción que ha tenido Washington frente al alejamiento de varias capitales latinoamericanas de su dispositivo geopolítico. En razón de esto, se han programado diferentes formas de intervención, entre las que resalta la “Ley de protección de los venezolanos” aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2014, que usurpa las funciones propias de todo Estado nacional, en contraposición al derecho internacional, ya que Venezuela no tiene status jurídico de protectorado. Hay que recordar que cualquier tipo de intervención, aún cuando se argumenten razones humanitarias, no puede ser realizada por un Estado si no cuenta con la autorización del Consejo de seguridad de la ONU.
En cuanto a la Carta Democrática, ya se sabe que no puede ser activada sin el consentimiento del Gobierno. Y en lugar del esfuerzo diplomático de facilitador propio de organismos de esta naturaleza, se ha planteado que la OEA actúe como instrumento de validación de un cerco o de acciones hostiles sin sentido. Washington parece dispuesto a presionar para que, aún transgrediendo las normas, se proceda a sancionar o excluir de la OEA a Venezuela. Es lo que han hecho saber John Kerry y Luis Almagro, aunque por el momento no parecen reunir el respaldo necesario. Una decisión que solo polarizaría más la situación interna del país.
