Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, inauguró este martes la nueva Dirección de Política Criminal, dependencia del Ministerio Público con la que se pretende realizar estudios, diagnósticos y recomendaciones de calidad en materia de política criminal
“Esta nueva dependencia del Ministerio Público realizará aportes para reducir la conflictividad en el país. Esta dirección de política general, estará al frente con un equipo de profesionales de aéreas de la criminalidad. Van a trabajar a través de las estadísticas para mejorar las situaciones”, informó fiscal general de la República.
La nueva dependencia está conformada por dos coordinaciones y una división de análisis de datos. Cada coordinación colaborará en la elaboración de propuestas multidisciplinarias para la prevención.
Ortega Díaz informó que todos los problemas que tiene la sociedad venezolana en el ámbito de seguridad social deben ser analizados de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades de cada región. “La misma situación de inseguridad de los Valles del Tuy no es la misma que la de la Candelaria”, agregó.
Asimismo, explicó que la primera propuesta que formulará la Dirección de Política Criminal es la de realizar un trabajo permanente y sostenido que se mantenga a través del tiempo y que vaya evolucionando de acuerdo a la necesidad social.
La fiscal general de la República enfatizó en la necesidad del desarme de la población. “Esto ha sido un llamado que he hecho, tiene que producirse el desarme de la población, incluso el desarme de las armas licitas. Una persona con armas de fuego asume otra postura ante la sociedad, se sienten poderosos”.
Por otra parte, aseguró que el ex ministro Hebert García Plaza tiene una orden de captura promulgada por el Ministerio Público. “Todos los bienes que estaban a nombre del ex ministro fueron incautados. También fueron congeladas todas sus cuentas en los bancos. Los fiscales están haciendo las gestiones para identificar bienes que pueda tener en el exterior” dijo.
Rafael González será el director de nueva Dirección de Política Criminal, mientras que Nelson Moreno ejercerá el cargo de subdirector.
“Los linchamientos constituyen un delito, nadie puede hacer delito con su propia mano, existe un Estado de derecho que establece las condiciones en que serán ejecutados los juicios”, expresó la fiscal general de la República.
Según datos oficiales del Ministerio Público, en 2016 ha habido 74 investigaciones sobre linchamientos en el país, en los cuales 37 personas han fallecido y 37 han resultado lesionados. Dos personas están privadas de libertad por su presunta participación en estos hechos delictivos. EN
YM
